Los trabajadores de la salud de Costa Rica fueron convocados a una huelga nacional de 24 horas este jueves 17 de septiembre, en reclamo por problemas en el pago de salarios de funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La medida, anunciada por cinco organizaciones sindicales, comenzó a las 6 de la mañana y se extenderá hasta la misma hora del viernes.
El conflicto se originó tras la implementación, en julio, de un nuevo módulo de nómina dentro del Sistema Integrado de Gestión de Personas de la CCSS. Según The Tico Times, algunos trabajadores recibieron salarios parciales, componentes salariales incompletos o no recibieron los pagos esperados. En agosto, la institución reconoció alrededor de 1.300 casos en los que algún componente del salario no había sido registrado correctamente.
Huelga y reclamos por los salarios
Los sindicatos sostienen que los inconvenientes continúan y afectan tanto a trabajadores permanentes como temporales, personal que cubre vacantes, turnos de otros empleados y funciones de mayor responsabilidad. Según la REL UITA, algunos trabajadores todavía esperan pagos correspondientes a agosto y han enfrentado dificultades para afrontar gastos cotidianos.
Lenin Hernández, secretario general de Sinae Afines, señaló que la huelga constituye la última medida adoptada para reclamar el pago correcto, completo y oportuno. “No nos complace, pero es la medida última y necesaria a la que nos ha obligado la administración de la CCSS para hacer valer un derecho humano fundamental”, afirmó.
Las organizaciones sindicales indicaron que antes de convocar la medida buscaron resolver el conflicto por vías administrativas. Según la REL UITA, solicitaron la intervención de la Junta Directiva de la CCSS y recursos adicionales para atender los reclamos de nómina, además de mantener una reunión con el área de administración de personal el 10 de septiembre.
La huelga alcanza hospitales, clínicas y Ebais, aunque los sindicatos señalaron que los servicios esenciales continuarán funcionando. La CCSS, por su parte, estableció medidas para priorizar la atención de emergencias y otros tratamientos que no pueden ser postergados, mientras que la afectación sobre consultas, procedimientos y prestaciones no urgentes dependerá de la participación en cada establecimiento.
