La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación declaró su oposición al Gobierno nacional y llamó a fortalecer la organización y la movilización social, durante su XXII Asamblea General Federal, realizada los días 2, 3 y 4 de septiembre en Cartagena. En su declaración política, la organización planteó la defensa de la democracia, la soberanía, los derechos sociales y una educación pública administrada y financiada por el Estado.
La organización cuestionó al Gobierno de Abelardo de la Espriella, al que calificó como una expresión de la extrema derecha contemporánea y vinculó con corrientes internacionales que, según sostuvo, buscan debilitar las organizaciones populares y reducir el papel social del Estado. También rechazó las campañas de odio y desinformación, la criminalización de la protesta y cualquier uso de la justicia con fines de persecución política.
En materia internacional, la federación reafirmó su defensa de la soberanía nacional y rechazó cualquier subordinación de Colombia a intereses geopolíticos, militares o económicos de Estados Unidos, Israel u otras potencias. Asimismo, defendió una política exterior autónoma y multipolar y expresó solidaridad con los pueblos palestino y cubano.
La organización llamó al magisterio colombiano a mantener la unidad y fortalecer su capacidad organizativa, al considerar que el escenario político trasciende al sector educativo, y confirmó su participación en el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales, Políticas y Sindicales previsto para el 11 y 12 de septiembre, donde llevará su plan de acción y contribuirá a construir una agenda nacional de organización, movilización y resistencia democrática.
Educación pública y cuestionamientos a las políticas del Gobierno
Uno de los principales ejes de la declaración fue la educación pública, que la organización considera un escenario central de disputa frente al neoliberalismo. Según el documento, la transformación de la educación en mercancía puede derivar en privatización y tercerización, junto con precarización laboral y reducción de las plantas docentes y administrativas.
La organización también cuestionó el anuncio del Gobierno de reeditar el período histórico de la Regeneración y criticó distintos proyectos de ley y decretos que, según afirmó, afectan al sistema educativo. En particular, rechazó el retiro del proyecto de ley orgánica de competencias vinculado con la reforma del Sistema General de Participaciones, al considerar que podría afectar el financiamiento de la educación, la salud, el saneamiento básico y el acceso al agua potable.
“FECODE, en cumplimiento de su rol misional, enarbola la bandera de la defensa de la educación pública laica, administrada y financiada por el Estado”, señala la declaración. En el mismo sentido, la organización rechazó lo que considera intentos de desarticular el sistema educativo público y denunció persecución y estigmatización contra el magisterio y sus organizaciones.
La asamblea también expresó solidaridad con las comunidades afectadas por el sismo del 10 de agosto y reclamó al Gobierno y al Ministerio de Educación el regreso a clases en condiciones dignas, la reconstrucción de las infraestructuras educativas y garantías de asistencia y acompañamiento para proteger la salud física y mental de la comunidad educativa.
