El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el 28 de agosto la venta de bienes inmuebles del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), valorados, según el comunicado, en unos US$2.000 millones y considerados por el Gobierno como “activos ociosos”. Frente a esta decisión, la Unión General de Trabajadores del Ecuador sostuvo que el patrimonio de la institución pertenece a sus afiliados y jubilados y cuestionó que pueda utilizarse para cubrir necesidades financieras inmediatas.
El pronunciamiento señala que los recursos del IESS tienen autonomía respecto del presupuesto estatal y plantea que la situación financiera de la institución responde principalmente a la deuda que, según la organización, mantiene el Estado. El documento afirma que esa deuda “supera los USD 27.000 millones, más del 22% del PIB” y sostiene que la venta de inmuebles reduciría el patrimonio destinado a generar ingresos futuros.
Noboa y la disputa por el patrimonio de la seguridad social
La organización calificó el anuncio como una “privatización encubierta y una liquidación de patrimonio” y cuestionó que los bienes sean considerados improductivos. Según el comunicado, algunos terrenos y edificios podrían destinarse a futuros centros de salud, dispensarios, viviendas para afiliados o ampliación de servicios. “Vender bienes del IESS para cubrir gastos corrientes es vender el patrimonio para pagar deudas y sobre todo cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional”, sostiene el pronunciamiento.
La Unión General de Trabajadores del Ecuador también cuestionó la facultad del Ejecutivo para disponer de los bienes del instituto y afirmó que hacerlo desconocería su autonomía. En ese sentido, planteó que la respuesta a la crisis financiera debería centrarse en recuperar los recursos adeudados por el Estado y fortalecer la administración de la institución.
Finalmente, el comunicado sostiene que la defensa del IESS requiere preservar su patrimonio y garantizar que sea administrado en función de sus afiliados y jubilados. “La verdadera defensa del IESS no pasa por vender su patrimonio, sino por recuperar lo que el Estado le debe, fortalecer su autonomía y garantizar que sea administrado al servicio de quienes lo conforman afiliados y jubilados”, expresa el documento.
