La Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo y las dos confederaciones de pensionados rechazaron la Resolución 2708 del 20 de agosto de 2026, mediante la cual el Ministerio del Trabajo derogó 11 circulares que establecían lineamientos para la protección y garantía de derechos laborales. Según el pronunciamiento, la medida genera incertidumbre sobre la aplicación de disposiciones vinculadas a la legislación laboral y a las funciones de inspección, vigilancia y control.
Entre los lineamientos derogados se encuentran los referidos a jornada máxima, trabajo doméstico, remuneración a destajo y horas extras; estabilidad laboral reforzada; cuidado y equidad de género; libertad sindical y permisos sindicales; debido proceso disciplinario; modalidades contractuales; trabajo en plataformas digitales de reparto; negociación sindical; y trabajo doméstico remunerado. El documento también destaca la derogación de una circular relacionada con la protección de personas con discapacidad, emitida en cumplimiento de una orden de la Corte.
Las centrales exigieron al Ministerio del Trabajo retomar las directrices necesarias para que la Inspección Laboral garantice los derechos establecidos en la Reforma Laboral y demás normas vigentes, además de cumplir las órdenes de las autoridades judiciales. También solicitaron convocar a las organizaciones firmantes a un espacio de diálogo social para analizar la decisión y definir cómo se verificará en adelante la garantía de derechos laborales.
Reclamo por garantías para sectores con protección especial
El Comando Nacional Unitario sostuvo que la derogación simultánea de los instrumentos “puede debilitar la capacidad del Ministerio del Trabajo para garantizar la aplicación efectiva de la legislación laboral” y dejar “en déficit de protección a sectores y trabajadores y trabajadoras que requieren especial protección”. En particular, calificó como especialmente grave la eliminación de la Circular 0049 de 2026, vinculada a la protección de personas con discapacidad.
Las organizaciones señalaron además que una eventual revisión administrativa de estos instrumentos no debería implicar una reducción de las garantías laborales. “La depuración administrativa no puede convertirse en desregulación laboral ni en un retroceso en materia de derechos”, afirmaron. En caso de que el Ministerio considere necesario modificar o sustituir las circulares, reclamaron que previamente se establezcan mecanismos que aseguren los derechos que esos lineamientos buscaban garantizar.
