El Congreso de Sindicatos y Asociaciones de Personal de Barbados (CTUSAB) expresó su respaldo a la Ley de Protección de los Salarios, aunque reclamó mecanismos de aplicación efectivos y cuestionó que las entidades estatales puedan quedar exentas de consecuencias legales ante retrasos en el pago de salarios. Según el comunicado difundido por el FUT Ecuador, el secretario general del CTUSAB, Dennis De Peiza, sostuvo que la legislación debe garantizar un trato equitativo entre trabajadores del sector público y privado.
De Peiza destacó que la normativa incorpora sanciones para empleadores que incumplan con pagos de seguridad social y otras deducciones autorizadas, pero advirtió que las multas no serán suficientes si los procedimientos para resolver los reclamos se prolongan. “Debe hacerse cumplir la legislación si se quiere tomar esto en serio”, afirmó, y agregó que deben establecerse plazos claros para la tramitación y conclusión de los casos relacionados con salarios.
Salarios atrasados: reclamo por igualdad ante la ley
Uno de los principales cuestionamientos del CTUSAB se refiere al tratamiento de los empleadores estatales. De Peiza consideró que excluir al Estado de determinadas sanciones genera una diferencia frente al sector privado y sostuvo: “No creemos que el Estado esté por encima de la ley”. En ese sentido, reclamó que los trabajadores públicos puedan recurrir a los tribunales cuando enfrenten incumplimientos salariales por parte del gobierno.
El dirigente sindical también señaló que los retrasos en los pagos del sector público obedecen, en buena medida, a problemas administrativos. Según explicó, el gobierno establece previamente los calendarios de pago, por lo que “salvo fallos tecnológicos en el sistema, no puede haber una razón válida para el retraso en el pago de las personas”. Para el CTUSAB, las demoras indebidas deben ser abordadas como un problema de gestión dentro del sector público.
Finalmente, el organismo sindical planteó además atender las dificultades que enfrentan trabajadores de bajos ingresos que cobran mediante cheques y deben afrontar costos bancarios para acceder a sus salarios. “Esto no debería permitirse y debe ser abordado por las autoridades gubernamentales correspondientes”, afirmó De Peiza. El pronunciamiento sostiene así que la protección de los salarios requiere no solo normas, sino también mecanismos eficaces para garantizar su cumplimiento.
