El Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina emitió el 13 de julio un pronunciamiento en el que expresó su solidaridad con las y los docentes de Ecuador y con la Unión Nacional de Educadores (UNE), organización que ha llevado el registro de los casos de violencia contra el magisterio en el país. El documento, identificado como IEAL-CoR-009-2026, se conoció días después de un nuevo crimen que reavivó la preocupación del sector.
La organización regional condenó el asesinato de la docente Diana Isabel Carchi Mendia, ocurrido el 9 de julio, y recordó que este hecho se suma al de la docente Adriana Sáenz, asesinada menos de dos semanas antes. Con ambos casos, según denunció la UNE, la cifra de docentes asesinados en Ecuador entre 2025 y 2026 asciende a diez.
Entre el miedo y la exigencia de respuestas
El texto también expone otras formas de violencia que afectan al gremio educativo, como amenazas y extorsiones que, de acuerdo con lo señalado, han obligado a varios maestros a modificar sus rutinas, abandonar sus hogares o suspender temporalmente sus labores para resguardar su seguridad.
Frente a este panorama, el Comité Regional respaldó las demandas planteadas por la UNE, entre ellas la captura y sanción de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Carchi y Sáenz, así como la implementación urgente de un plan de seguridad con presupuesto asignado para su ejecución. El pronunciamiento pidió además que «el Gobierno y el Ministerio de Educación dejen de guardar silencio y asuman su responsabilidad» frente a la violencia que golpea al magisterio.
