El Gobierno de Bolivia y la Central Obrera Boliviana (COB) iniciarán esta semana una agenda de trabajo para avanzar en el cumplimiento del acuerdo alcanzado entre ambas partes el pasado 19 de junio, que permitió suspender las medidas de presión impulsadas por la central sindical. Según informó el Gobierno, el proceso contempla la instalación de cinco comisiones para canalizar las principales demandas planteadas por la organización obrera.
El ministro de Trabajo, William Bascopé, informó que ambas partes comenzarán a trabajar mediante agendas conjuntas. «Vamos a empezar a trabajar con agendas conjuntas como siempre debió ser con los sectores sociales en este país», afirmó el funcionario, quien agregó que las mesas abordarán demandas «sensatas y coherentes» y acordes con la realidad nacional.
Por su parte, el dirigente sindical Marín Sandoval indicó que el entendimiento contempla compromisos como evitar la persecución judicial de dirigentes, revisar la situación de personas detenidas durante las protestas, preservar las empresas públicas y buscar soluciones al conflicto por el abastecimiento de combustible.
El proceso de trabajo conjunto se desarrollará durante los próximos 90 días, plazo establecido para avanzar en los compromisos asumidos entre el Gobierno y la COB.
La COB reafirma el diálogo y fija posición política
En paralelo, la Central Obrera Boliviana difundió un pronunciamiento en el que manifestó su respaldo al escenario de diálogo abierto con el Gobierno y cuestionó las recientes declaraciones del diputado Carlos Alarcón, quien propuso retomar el tratamiento de la denominada «Ley Antibloqueos». En el documento, la organización sostuvo que dichas expresiones «solo buscan sembrar discordia, desestabilizar la paz social y criminalizar el derecho constitucional a la protesta de los sectores populares».
La COB señaló además que, «ante este atentado directo contra la concertación nacional», resolvió declarar «persona no grata para el movimiento obrero campesino al diputado Carlos Alarcón», reafirmando su respaldo a los espacios de concertación abiertos tras el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo.
