Con la adopción del Convenio 193 sobre trabajo en plataformas digitales, la discusión comenzó a trasladarse del plano de la negociación internacional a los desafíos de su aplicación concreta. Ese fue el eje de un seminario web organizado por WIEGO y la Plataforma Global de Trabajadores de Plataformas (GPWSP), que reunió a trabajadores que participaron directamente en el proceso normativo para analizar qué cambia con la nueva norma internacional, cuáles son las obligaciones que introduce para las plataformas y cuáles serán los próximos pasos para lograr su ratificación e implementación en cada país.
«La próxima batalla será la ratificación»
En una entrevista en exclusiva con Latam Gremial, Paulo Méndez, secretario de Relaciones Internacionales de la CATP Perú, sostuvo que el Convenio representa un cambio de paradigma para quienes trabajan mediante aplicaciones. “Le llamé ‘partida de nacimiento’ porque hasta hoy, para el Estado peruano y para las empresas, éramos fantasmas”, afirmó. Según explicó, la definición incorporada en el artículo 1 del Convenio “nos saca de la sombra” al reconocer internacionalmente qué es una plataforma digital y quiénes son sus trabajadores, desmontando “la narrativa de los lobbies que nos querían mantener en un limbo legal”.
El dirigente consideró que el principal efecto de la nueva norma es el reconocimiento de derechos laborales fundamentales. “Ya no somos socios ni partners: somos trabajadores”, afirmó, y agregó que ese cambio implica que las plataformas “ya no pueden esconderse detrás de la tecnología para negar nuestra protección social, nuestro derecho a organizarnos sindicalmente o a negociar colectivamente”.
A su juicio, el Convenio también permite que los trabajadores de plataformas se sienten “en la mesa de diálogo tripartito con gobiernos y empleadores, pero esta vez con legitimidad y en igualdad de condiciones”.
Los desafíos que vienen
Méndez advirtió que la aprobación del Convenio es apenas el comienzo de una nueva disputa política y legislativa. En el caso de Perú, señaló que el siguiente paso será la ratificación parlamentaria y alertó sobre la influencia que podrían ejercer las empresas del sector durante ese proceso. “No permitiremos que los gobiernos usen la flexibilidad prevista en el Convenio para disfrazarnos de microempresarios solo para cobrarnos impuestos, sin darnos derechos laborales plenos. La primacía de la realidad debe ser el hilo conductor de la ley peruana”, remarcó.
El representante sindical también recordó la intensidad de las negociaciones desarrolladas durante los dos últimos años en la OIT. Explicó que una de las principales disputas consistió en lograr que el instrumento tuviera carácter de Convenio y no de simple Recomendación, además de defender artículos vinculados al reconocimiento de la relación laboral y a la regulación de los algoritmos. “Logramos algo histórico: obligar a las plataformas a ser transparentes, a darnos una explicación escrita y a que un ser humano revise una decisión cuando bloquean una cuenta. Hemos roto la caja negra”, aseguró.
Para Méndez, el desafío recién comienza, pero el cambio de paradigma ya está en marcha. “Este Convenio marca el fin de la impunidad algorítmica y el inicio de la justicia social digital para la clase trabajadora”, concluyó.
