El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío (SUTEQ), de Colombia, manifestó su “más profundo rechazo” frente a lo que considera un posible uso indebido de datos institucionales y a cualquier forma de participación política de funcionarios públicos y contratistas en el marco de una campaña electoral. La organización se pronunció tras conocerse investigaciones periodísticas que exponen la presunta existencia de una estructura de recolección y registro de datos ciudadanos vinculada a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.
Según el comunicado, la preocupación del sindicato radica en que dentro de los registros mencionados aparecerían correos oficiales de entidades públicas, entre ellas la Secretaría de Educación de Armenia. Para el SUTEQ, esta situación “enciende todas las alarmas éticas, políticas, administrativas y jurídicas” y requiere una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
El sindicato solicita esclarecer el origen y uso de la información
La organización afirmó que “rechazamos de manera tajante cualquier forma de manipulación, instrumentalización o tráfico político de datos personales, laborales o institucionales” y sostuvo que la información de docentes, directivos, administrativos, contratistas, estudiantes y familias “no puede convertirse en botín electoral, insumo de campañas dudosas ni mercancía digital al servicio de intereses particulares”.
Asimismo, el sindicato solicitó que se determine si los registros asociados a correos oficiales corresponden a inscripciones voluntarias, registros inducidos o al uso irregular de información institucional. También pidió establecer si existió participación de funcionarios públicos o contratistas en la recolección, promoción o alimentación de bases de datos vinculadas a actividades electorales.
En el documento, el SUTEQ expresó además su preocupación por la protección de los datos personales y la seguridad de la información administrada por entidades públicas. Por ello, reclamó que se investigue si los protocolos de protección de datos fueron vulnerados y si alguna persona vinculada a la administración municipal facilitó o permitió el uso de información institucional con fines políticos.
Finalmente, la organización reafirmó que continuará vigilante ante la situación y señaló que “la democracia no puede construirse sobre bases de datos expuestas, correos oficiales utilizados irregularmente ni estructuras digitales que siembran sospechas sobre la limpieza del debate electoral”.
