Citando el pronostico del Atlas del Estado Brasileño del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas IPEA, la organización sindical derrotó el mito de que los servidores públicos son una carga y reforzó la idea de que el Gobierno brasilero está acabando con las políticas públicas y con los servicios públicos para las mayorías.
El documento reveló que, de los 11,5 millones de puestos de trabajo en la función pública en Brasil, en 2018, la mitad de los funcionarios del país ganaban un promedio de R $2.727. Una cuarta parte (25%) recibió hasta R $1.566. Es decir, menos del salario mínimo que Dieese dice que es necesario para mantener a una familia de cuatro, actualmente calculado en R $ 5.330,69.
La CUT indicó que desde la llegada de Jair Bolsonaro a la Presidencia, los ataques a servidores y servicio público se han perpetrado con mayor fuerza, e incluso, el ministro de Economía Paulo Guedes elaboró la Propuesta de Reforma de Constitución N° 32, la iniciativa acabaría con el servicio público.
Desde la organización sindical denunciaron que muchos profesionales están en la primera línea de la lucha contra la pandemia de coronavirus, arriesgando sus vidas y enfrentando escuelas inseguras para enseñar.
La encuesta reveló que en el servicio público del Legislativo ganan hasta R $ 2,5 mil, el 46,40% de los empleados municipales; 26,64% de las cuentas estatales y federales para el 19,65%. Los que ganan de R $ 2,5 mil a R $ 5 mil son el 27,83% de los municipios; 35,38% del Ejecutivo estatal y federal: 24,34%. Mientras que en el Legislativo la mayor remuneración por encima de R $ 30 mil se paga a sólo el 0,25% de los empleados municipales; al 1,54% de las estatales y al 4,24% de las federales.
