La Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) reclamó la igualdad de derechos para los trabajadores bajo el régimen CAS y exigió el cumplimiento efectivo de la Ley 32563, en un pronunciamiento público donde cuestiona las limitaciones que afectan su aplicación en el ámbito laboral.
En el comunicado, la organización destacó el reconocimiento alcanzado con la normativa vigente, señalando que esta representa un avance en la reparación de desigualdades históricas, al sostener que “el Estado finalmente reconoce que los trabajadores sujetos al régimen Contrato Administrativo de Servicios, no son trabajadores de segunda categoría”, en referencia al alcance de la ley y su impacto en la situación del sector.
Sin embargo, la central denunció que persisten obstáculos para su implementación, especialmente vinculados a restricciones presupuestarias y decisiones administrativas, advirtiendo que “los impedimentos técnicos y presupuestales para utilizar los recursos este año 2026 son una bofetada a la fe pública”, lo que, a su entender, contradice el espíritu de la normativa.
Cuestionamientos al uso de recursos y exigencias al Estado
La CATP también rechazó disposiciones que limitan el uso de los Recursos Directamente Recaudados (RDR), al considerar que afectan la capacidad de las entidades para cumplir con la ley, y exigió que se habiliten los mecanismos necesarios para garantizar su aplicación sin restricciones. En ese marco, planteó que “la ley se firma para cumplirse, no para guardarse en un cajón mientras el trabajador sigue esperando”, en una crítica directa a la demora en su ejecución.
Asimismo, la organización pidió al Congreso y al Ministerio de Economía y Finanzas adoptar medidas que aseguren la implementación plena de la norma, advirtiendo que su incumplimiento “constituye una vulneración flagrante a los derechos fundamentales del trabajador”, en un contexto donde se reclama mayor coherencia entre la legislación y su aplicación efectiva.
Finalmente, el pronunciamiento reafirma la demanda de igualdad en el ámbito laboral, con un llamado explícito a garantizar derechos para todos los trabajadores CAS, sintetizado en la consigna: “¡Basta de excusas presupuestales! ¡Igualdad de derechos para todos los trabajadores CAS!”.
