La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó este lunes una ofensiva en el terreno judicial contra la reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso y ya convertida en ley. La conducción cegetista movilizó a sus dirigentes y afiliados desde la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para respaldar la presentación de un pedido de amparo y planteo de inconstitucionalidad ante la Justicia.
Según informaron desde la central que lideran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, los abogados sindicales formalizaron la acción legal tras la promulgación de la norma, con el objetivo de suspender su vigencia mientras se resuelve el fondo del caso.
Qué cuestiona la CGT
La principal argumentación de la CGT es que la reforma vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales, consagrado en la Constitución, que establece que los derechos conquistados no pueden recortarse ni eliminarse, sino solo mejorarse. En ese sentido, sostienen que varios artículos representan una regresión grave en materia de derechos individuales y colectivos.
Entre los puntos más criticados figuran el artículo 98, que amplía las actividades consideradas “esenciales” y obliga a garantizar entre el 50 % y el 75 % de los servicios durante una huelga —lo que, según asesores legales sindicales, equivaldría a una virtual prohibición del derecho de huelga—; y otras disposiciones que restringen asambleas o califican bloqueos como “infracciones muy graves”.
Estrategia y contexto
La CGT optó por priorizar este camino judicial como estrategia principal, descartando sumarse a un paro o movilización al Congreso convocados por sectores sindicales más combativos durante el tratamiento del proyecto en el Senado.
El secretario general Jorge Sola sostuvo que “el resorte republicano de la Justicia debe actuar cuando el Congreso sanciona leyes que violan la Constitución”, y denunció que detrás de la reforma laboral está, a su juicio, “el FMI y el quiebre del tejido social”.
Con esta movida, la central obrera busca replicar éxitos previos en los tribunales, como el fallo que declaró inconstitucional el capítulo laboral del DNU 70/2023, y posiciona al Poder Judicial como el principal frente de confrontación contra lo que considera un retroceso en derechos laborales.
