República Dominicana: fumigaciones cerca de una escuela derivan en acción judicial de sindicato de docentes

La Asociación Dominicana de Profesores formalizó una denuncia judicial por fumigaciones agrícolas realizadas en las inmediaciones de un centro educativo, luego de que dos docentes resultaran afectadas en su salud, según informó la organización.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sometió a la justicia a propietarios o responsables de fincas ubicadas alrededor del Centro Educativo Emilio Prud’Homme, en la comunidad de Bandera, distrito de Cenoví, municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. La acción se origina tras episodios de fumigaciones efectuadas durante el horario regular de clases, que habrían provocado la intoxicación de dos maestras.

De acuerdo con la ADP, las docentes se encontraban cumpliendo sus funciones habituales cuando se realizaron las fumigaciones sin medidas de prevención, control ni notificación previa a la comunidad educativa. Como consecuencia, ambas requirieron atención médica de emergencia; una de ellas permanece ingresada en el Centro Médico Nacional San Francisco. Según el diagnóstico, presentaron “bronquitis y neumonitis por inhalación de gases, humo y sustancias químicas, acompañadas de crisis de broncoespasmo e intoxicación”.

Fumigaciones, salud docente y reclamo judicial

La querella fue presentada ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. En el documento, la ADP sostiene que los hechos evidencian “una violación grave y directa al ordenamiento jurídico dominicano”, al señalar que las fumigaciones se realizaron “al margen de la legalidad vigente”, en incumplimiento de la Resolución No. RES-MARD-2023-38 del Ministerio de Agricultura, que regula la aplicación terrestre de plaguicidas en zonas cercanas a centros escolares.

La organización sindical argumenta que dicha normativa establece obligaciones de notificación previa, restricciones horarias, uso de productos autorizados y medidas de protección de la salud humana, y que su inobservancia generó “un riesgo concreto y real que se materializó en un daño efectivo a la salud”.

En ese sentido, la ADP afirma que las fumigaciones vulneraron derechos fundamentales como la salud, la integridad personal y el acceso a un medio ambiente sano, y remarcó la necesidad de proteger a la comunidad educativa, según la fuente gremial.

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