La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF Chile) señaló que en un comunciado reciente que la Función Pública y la estabilidad laboral en el Estado es una tarea responde al mandato de su Asamblea Nacional y que su acción «no se limita a una defensa corporativa, sino que busca garantizar los derechos de la ciudadanía a través de un Estado eficaz y justo».
Según el pronunciamiento, los trabajadores del Estado constituyen “la columna vertebral que permite el funcionamiento del país”, y el despido arbitrario de un funcionario no solo afecta su entorno familiar, sino que “quebranta la continuidad del servicio público”. En ese sentido, lel sindicato expresó su preocupación por la falta de certeza jurídica en el empleo público, y sostuvo que los funcionarios no deben estar sometidos a decisiones discrecionales ni a actuaciones ilegales por parte de las autoridades.
Estabilidad laboral y marco legal en debate
La organización destacó que, a diferencia del sector privado, los trabajadores estatales están sujetos a responsabilidad administrativa y tienen el deber de actuar conforme a los principios de legalidad y probidad, además de denunciar irregularidades. Este marco, según la asociación, exige autonomía y protección como garantía para el cumplimiento de la Función Pública.
En el contexto del debate electoral, la confederación denunció que se ha instalado una “falsificación de la realidad del Estado chileno”, y que frente a los llamados a discutir con datos públicos, la respuesta ha sido “la profundización de la descalificación y la persistencia en mentir a la ciudadanía”. La ANEF reiteró su disposición a sostener un debate serio y constructivo, orientado a proponer “más y mejor Estado para Chile”.
El comunicado también hace referencia a la jurisprudencia administrativa y judicial desarrollada en la última década, impulsada por recursos presentados ante la Contraloría General de la República y los tribunales. Aunque reconoce que los fallos han sido diversos, la ANEF considera que han contribuido a cubrir vacíos normativos que generan precariedad en el empleo público.
La organización sindical subrayó que “la tarea fundamental sigue pendiente”: avanzar en una legislación que supere las incongruencias del marco legal vigente y erradique la arbitrariedad. En las últimas semanas, el Directorio Nacional sostuvo reuniones con la Contralora General de la República y el Ministro de Hacienda, y solicitó al Gobierno la reinstalación de la Mesa de Negociación Sectorial, con el fortalecimiento del Modelo de Empleo Público como eje central.
