El 23 de septiembre, diversas organizaciones sindicales, sociales y comunitarias protagonizaron una jornada de movilización nacional en Ecuador, convocada por el Frente Unitario de Trabajadores en defensa de la salud, educación pública, trabajo digno y derechos humanos.
Las protestas se extendieron por múltiples provincias, con fuerte presencia en Pichincha, Guayas, Azuay, Imbabura y Chimborazo, en rechazo al Decreto Ejecutivo 126 que elimina el subsidio al diésel y fija su precio en $2.80. La palabra clave que articula esta cobertura es trabajo digno.
En Quito, la marcha que partió desde la Caja del Seguro culminó en la Plaza de Santo Domingo, donde se registraron episodios de represión policial con gases lacrimógenos. Más tarde, estudiantes de la Universidad Central fueron detenidos tras ser alcanzados por “gas vomitivo”, según denunciaron dirigentes sindicales, quienes repudiaron la violencia institucional y las detenciones arbitrarias.
Trabajo digno y resistencia popular frente a medidas económicas regresivas
En Guayaquil, la movilización recorrió la avenida 9 de Octubre hasta el Malecón, con consignas que exigían la derogación del decreto, el rechazo a la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y una moratoria en el pago de la deuda externa para redirigir recursos a servicios públicos. La dirigencia del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otros gremios plantearon un pliego de demandas centrado en la defensa del trabajo digno y la protección social.
En Cuenca, la marcha se concentró frente a la Gobernación del Azuay, mientras que en Cotacachi y Riobamba se vivieron expresiones de unidad obrera y popular. Edwin Bedoya, presidente de la CEDOCUT y del FUT, afirmó que “la mejor receta contra el autoritarismo es la unidad y la lucha del pueblo organizado”, en referencia a la articulación de sectores que participaron en la jornada.
Las organizaciones convocantes señalaron que las medidas adoptadas afectan directamente a los sectores más vulnerables y que el aumento del costo de vida compromete el acceso a derechos básicos.
