La Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la contralora general de la República, Dorothy Pérez, a quien acusa de prácticas que, según sostiene, vulnerarían la libertad sindical.
En la carta, la CUT expone como antecedente la reciente paralización del Colegio de Profesores y la respuesta de la Contraloría, que solicitó a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) un informe detallado sobre los descuentos aplicados a las remuneraciones de docentes que participaron del paro.
Según información publicada por el portal de noticias La Tercera, la central sindical sostiene que esta medida busca “amedrentar y evitar el ejercicio del derecho a protestar”, y denuncia que se exige además información sobre la fecha de recuperación de las horas docentes “sin que estas horas de clases se paguen a los trabajadores”.
El secretario general de la CUT, Eric Campos, criticó duramente la actuación de la contralora Pérez, afirmando que “establece como una suerte de contralora de los empresarios una barrera ante la justicia laboral que impide el libre ejercicio de la libertad sindical, el libre ejercicio de la huelga y, en definitiva, lo que busca es poner una ley mordaza a las y los dirigentes sindicales”.
Además del conflicto con el magisterio, la CUT advierte que situaciones similares habrían ocurrido durante la paralización de funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), donde también se habría solicitado información para aplicar descuentos, lo que según la central implica una vulneración a la libre determinación de las organizaciones de trabajadores.
Campos anunció que en los próximos días presentarán una queja formal ante la OIT, señalando que “lo que hacen los dictámenes de Dorothy Pérez, incluso las vocerías de algunos sectores de derecha, es vulnerar los convenios internacionales de la OIT”. La CUT ya se reunió con representantes del organismo internacional y busca activar sus mecanismos de control para frenar lo que consideran una acción antisindical por parte de la Contraloría.
