A más de un mes del inicio del paro indefinido, las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs), agrupados en la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ), decidieron por votación rechazar la última propuesta presentada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJU), prolongando así la paralización que comenzó el pasado 2 de abril.
Según informaron desde la federación, la oferta recibida a fines de la semana pasada fue considerada insuficiente y carente de garantías reales para atender las demandas planteadas. La FENADAJ denunció que no existe claridad sobre los plazos ni los compromisos presupuestarios concretos, especialmente respecto a la homologación de remuneraciones postergada desde 2023, cuyo financiamiento, según el MINJU, quedaría supeditado a la ley de presupuesto de 2026.
“No hay certezas sobre cuándo y cómo se implementarán las mejoras”, señalaron desde el espacio, remarcando que la propuesta del Ministerio apenas esboza la creación de futuras mesas de trabajo, sin compromisos inmediatos. También cuestionaron que la paralización no será considerada en la evaluación de metas institucionales de este año, algo que podría afectar directamente al servicio.
Otro de los puntos críticos señalados por las y los trabajadores es la falta de personal suficiente en áreas sensibles como la protección a personas mayores y a niños, niñas y adolescentes, lo que agudiza la sobrecarga laboral.
Desde el comienzo del paro, los gremios han advertido sobre condiciones laborales adversas, con graves impactos en la salud mental, infraestructura deficiente y una creciente presión institucional ante la inminente creación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, que reemplazará a la actual estructura de las CAJs.
