A través de un comunicado, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial CLTPJ mostró su preocupación por el avance del Covid-19 en la región, y las políticas en materia económica que se están llevan a cabo en cada uno de los países.
“En nuestro último Congreso, realizado a fines de 2019, lanzamos una Campaña Latinoamericana para denunciar el estado de emergencia que pone en crisis a los poderes judiciales y afecta la debida administración de Justicia de calidad”, manifestó la organización.
El documento hace hincapié en la necesidad de una implementación de “medidas equitativas y urgentes, basadas en relaciones justas entre los países y el acceso a los insumos necesarios para proteger a la población”, inmersa en una crisis sanitaria, y a las espera de respuestas eficaces que detengan el avance del virus y permita la inoculación respectiva.
DECLARACIÓN DE LA CLTPJ_diaMundialSalud 2021
Por otro lado, desde la confederación denuncian que el mecanismo de deuda externa, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y el Sistema de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), “socavan la proposición de políticas públicas y la autonomía del Estado para tomar decisiones” en beneficio de la población.
Desde la agrupación que nuclea a los trabajadores del campo de la Justicia de América Latina, se comprometieron a impulsar un proceso de concientización en los ámbitos judiciales y gubernamentales, solicitando que no se ejecuten nuevos acuerdos que incluyan el mecanismo IDSD y, llevando a cabo, un seguimiento de los avances alcanzados en cada país.
Finalmente, pidieron que se incluya a los trabajadores del Poder Judicial en la lista preferencias del proceso de vacunación: “Siendo de los tres poderes constituidos del Estado y sobre los cuales se asienta el Estado de Derecho, es determinante que se establezca la preferencia en la vacunación para todo su personal”.
