Un reciente dictamen de la Contraloría General de Chile sobre el principio de «confianza legítima» recibió fuentes críticas por parte de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef). Ambas organizaciones sindicales manifestaron en redes sociales su rechazo, advirtiendo que este cambio podría abrir la puerta a despidos arbitrarios en el sector público.
«Estamos en alerta», afirmó la CUT, indicando que el dictamen «vulneraría el derecho administrativo» y podría convertir a los trabajadores públicos en «botín político». A su vez, José Pérez, presidente de la Anef, aseguró que la nueva interpretación «precariza aún más la estabilidad laboral en el Estado».
Según la información suministrada por el diario La Tercera, la Contraloría, en su declaración, argumentó que la cuestión de la «confianza legítima» y el plazo para su configuración debería ser resuelta por los tribunales, dado que se ha convertido en un tema “litigioso”.
El dictamen ha generado polémica al afirmar que la «confianza legítima» no se establece automáticamente por el tiempo en función a contratar. La situación está actualmente en debate y su futuro podría depender de fallos judiciales futuros.
