Los gremios de trabajadores públicos y privados se preparan para una gran movilización el próximo viernes, en rechazo a los recortes que el gobierno de Santiago Peña pretende implementar en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, afectando principalmente los sectores de Educación y Salud. Además, los sindicatos buscan frenar la reforma del Código Laboral que consideran una amenaza directa a la estabilidad y los derechos laborales.
El descontento ha impulsado la creación de un frente social, sindical y de jubilados, que agrupa a diversas organizaciones en un esfuerzo por unificar sus demandas. Eduardo Ojeda, coordinador de la Corriente Sindical Clasista, confirmó que la movilización será una muestra de fuerza en las calles. Los trabajadores se concentrarán en la Caja de Jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) y en las oficinas de la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.
La reforma laboral que promueve el gobierno busca modificar conquistas históricas, como las vacaciones pagas, el salario mínimo y el derecho a huelga, según denuncian los gremios. Aunque el gobierno lo niega, los organizadores aseguran que no permitirán que la reforma avance sin consenso. María Stela Invernizzi, del Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, señaló que los trabajadores «no permitirán que los madruguen» como ocurrió con la ley de la Superintendencia de Jubilaciones.
En cuanto al PGN 2025, los gremios docentes han admitido que es poco probable revertir los recortes propuestos para este año, pero planean retomar la negociación en marzo, cuando esperan obtener algún avance en sus reivindicaciones.
El frente sindical también cuestiona la creación de la Policía Tributaria, que consideran un instrumento represivo contra los pequeños contribuyentes. A su juicio, la nueva legislación afectará desproporcionadamente a las mipymes, mientras que los grandes empresarios que evaden impuestos quedarán impunes.
La marcha está convocada para las 9:00 a.m. del viernes, tanto en la capital como en distintos puntos del país, con el objetivo de rechazar las medidas impulsadas por el gobierno, las cuales, según el comunicado sindical, buscan desmantelar los derechos laborales y desarticular la sociedad paraguaya.
