A través de un comunicado de prensa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica denunció que la clase trabajadora asalariada, con empleo fijo y salario formal de ese país tiene cada vez menos poder adquisitivo, debido a que ingresa al quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.
Según el informe de la organización sindical, la deuda del Estado con el sector Público correspondiente al último reajuste por costo de vida que se decretó, a finales del 2019 y que es valedero para los años 2020, 2021, 2022 y 2023, arroja un promedio general de 7.500 colones a cada base salarial, pero no existe una confirmación de su cumplimiento.
El Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, confirmó que este panorama continuará hasta el 2025, cuando la relación de la deuda pública del país con relación al Producto Interno Bruto (PIB), esté por debajo de los 60 puntos porcentuales.
«Las víctimas del sector laboral empleado público incluyen al personal de todo el Magisterio Nacional, de todos los cuerpos policiales, de los ministerios y antes adscritos a los mismos, de diversas instituciones autónomas y semiautónomas y de empresas públicas. Está en desarrollo una verdadera conmoción social«, sentenció el documento de la asociación.
Asimismo, evidencia que para el sector privado, el salario mínimo cada vez se aleja más de lo ordenado en el artículo 57 de la Constitución Política de Costa Rica que plantea: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”.
El informe completo está disponible en el siguiente enlace.
