La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) emitió un pronunciamiento público en el que condena el uso de fuerza letal por parte de agentes estatales durante una jornada de movilización en Otavalo, ocurrida el 14 de octubre de 2025. La organización sindical expresó su preocupación por las graves consecuencias del operativo, que dejó al menos diez personas heridas de gravedad, entre ellas menores de edad, y daños materiales en viviendas y vehículos.
En el comunicado, CEOSL exige “la inmediata suspensión del uso de armas letales y de cualquier forma de represión contra personas movilizadas”, y reclamó que se investigue, identifique y sancione a los responsables de las violaciones a los derechos humanos registradas en el operativo. La organización también solicitó la presencia de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en la zona afectada, con el fin de garantizar atención a las víctimas y observación de la situación.
El derecho a la protesta y la exigencia de garantías
La central sindical ecuatoriana sostiene que “la protesta social es un derecho consagrado en la Constitución y en tratados internacionales”, y advierte que reprimirla constituye “una agresión a la democracia”. En ese sentido, llama al gobierno a cesar la violencia y a escuchar las demandas ciudadanas.
El comunicado concluye con tres afirmaciones enfáticas: “¡La vida no se negocia! ¡La protesta no se criminaliza! ¡El pueblo no se reprime, se escucha!”, firmadas por Marcelina Arellano, presidenta nacional de CEOSL, y Ángel Sánchez, secretario general.
