El pasado jueves 15 de abril, se votó en el Parlamento uruguayo, de forma urgente, tratar el proyecto que crea el Impuesto Emergencia Sanitaria 2 conocido como “impuesto covid”, y un adicional de carácter mensual del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), para atender a los sectores más afectados de la economía mediante el Fondo Covid-19, debido al agravamiento de la pandemia.
La medida se aplicará durante los próximos dos meses, y lo recaudado se destinará a los sectores perjudicados por la pandemia. Hay que recordar que un impuesto como este también rigió de forma temporal el año pasado.
El “impuesto covid” se aplicará en función al salario del funcionario estatal, solo para sueldos nominales superiores a $120.000 (unos 2.720 dólares). Sería aplicado esta vez de forma “progresional”, es decir en una escala similar a la que se utiliza en el caso del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esto supondría una “mayor justicia tributaria”.
Con respecto a las pasividades (jubilaciones y pensiones), la ley aclara que en ningún caso el monto de las jubilaciones, pensiones, retiros militares, y policiales, o prestaciones de pasividad similares líquidas, una vez deducidos el aporte al sistema de salud correspondiente, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), y el impuesto que se crea, podrá ser inferior a los $100.000 líquidos mensuales (unos 2.270 dólares).
Por más que el “impuesto covid” sea supuestamente provisorio, no puede compartirse que los trabajadores en actividad, como los ya retirados, carguen sus sobre sus espaldas el costo de la crisis generada por la pandemia. En Uruguay los salarios ya sufren grandes descuentos, además de la contribución especial a la seguridad social, y el seguro de salud, casi todos los sueldos tributan IRPF, qué es un verdadero impuesto al trabajo.
Ahora se le suma un nuevo impuesto sobre todos los individuos que cobran ingresos fijos, los trabajadores, y los jubilados y pensionistas, siguen padeciendo el peso de la crisis. Por más que se diga qué es un impuesto transitorio, y que es sólo por la pandemia, en Uruguay es frecuente que impuestos que comenzaron siendo provisorios luego quedaron instalados para siempre.
Es necesario que los sindicatos y las organizaciones que nuclean a jubilados y pensionistas alcen su voz contra este nuevo impuesto los trabajadores. Deben buscar formas ingeniosas de manifestarse, ya que no pueden hacerse aglomeraciones en lugares públicos, y deben hacer oír su voz para que su salario no sea gravado nuevamente por un impuesto.
Es necesario reiterar que Uruguay ratificó el Convenio Internacional del Trabajo n° 95 de la OIT, que protege el salario, y la Constitución señala que la ley debe reconocer la justa remuneración a quien se encuentre en una relación de trabajo o servicio como obrero o empleado.
La celebración del Día Internacional de los Trabajadores el próximo 1° de mayo, no tendrá caravana ni acto central, y las actividades serán “descentralizadas” por el agravamiento de la pandemia en el país. El lema de la convocatoria será “Primero la vida, primero el trabajo”.
Podría aprovecharse la oportunidad para solicitarle a las autoridades públicas que los sueldos y pasividades no abonen el “impuesto covid”. Los trabajadores de ayer y de hoy no deben pagar el costo de la crisis de la pandemia.
Fabrizio Bacigalupo es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Facultad de Derecho – Universidad de la República – Montevideo), técnico Asesor en Relaciones Laborales (Facultad de Derecho – Universidad de la República – Montevideo) y tiene un diplomado en Relaciones de Relaciones de Trabajo y Sindicalismo (FLACSO – Buenos Aires).
