El Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines SIMA denunció recientemente la reestructuración de dos importantes laboratorios farmacéuticos, Eurofarma Uruguay y Baliarda, que han cesado actividades de producción en el país, despidiendo trabajadores y prescindiendo de sus comités sindicales. Esta situación genera preocupación por las consecuencias en el empleo y en la industria farmacéutica nacional.
El próximo lunes 27 de enero, la organización se reunirá con la Dirección Nacional de Trabajo DINATRA para discutir los despidos en ambas empresas. En paralelo, el sindicato planea dialogar con la Asociación de Laboratorios Nacionales ALN y autoridades gubernamentales para abordar este problema estructural y buscar soluciones que prioricen la producción y el empleo local.
El 7 de enero, la multinacional Eurofarma Uruguay despidió a 37 empleados, incluyendo a todo el comité sindical. Según el laboratorio, esta decisión responde a un «cambio de modelo de negocios», justificando que, por razones de rentabilidad, los medicamentos serán importados desde Brasil en lugar de producirse localmente.
Baliarda, por su parte, cerró su planta en Montevideo y despidió a seis empleados, entre ellos a una delegada sindical. La empresa alegó reducción de costos y planea importar sus productos desde Argentina.
Ante este panorama, el Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines de Uruguay SIMA calificó estas acciones como una estrategia para «maximizar ganancias a costa del trabajo y la producción nacional». Zoya Franco, secretaria general del sindicato, señaló que la industria farmacéutica, especialmente las multinacionales, fue de las más beneficiadas económicamente durante la pandemia.
Franco advirtió que estas decisiones no se traducirán en una reducción del precio de los medicamentos para los consumidores. «Para los usuarios, los medicamentos tendrán el mismo precio o incluso mayor», afirmó.
El SIMA también denunció la proliferación de «laboratorios golondrina» en Uruguay. Estos laboratorios, según Franco, se instalan únicamente para participar en licitaciones públicas, ofreciendo precios bajos que no pueden ser igualados por los laboratorios que producen localmente. «Compiten ilegalmente y afectan a los laboratorios que generan empleo y producción nacional», agregó.
