UNI Global Union Américas reclamó este 8 de abril la anulación inmediata de una sanción disciplinaria impuesta a trabajadores de la empresa Prosegur en Perú, por haber solicitado condiciones mínimas de seguridad para cumplir sus funciones.
Según el sindicato, los empleados fueron castigados sin goce de haber por advertir la necesidad de reforzar el operativo en una zona de alto riesgo. “Se trata de una medida injustificada de represalia laboral”, señalaron desde la organización.
En una carta firmada por Marcio Monzane, secretario regional, y Marvin Largespada, director regional de UNI Américas, se denunció que en vez de atender el pedido de mayor seguridad, la empresa solo asignó “un motorizado armado como refuerzo”, lo cual fue calificado como insuficiente ante los riesgos existentes. Poco después de esta decisión, ocurrió un intento de asalto a un carro de la empresa en Pucallpa, con intercambio de disparos, lo que refuerza —según UNI— la legitimidad de las alertas emitidas por los trabajadores.
“Lamentablemente, hechos como estos demuestran que las sanciones impuestas no solo son ilegítimas, sino que atentan contra la seguridad de quienes cumplen funciones clave para la empresa”, expresó el comunicado. Ante este escenario, el sindicato global respaldó abiertamente a los trabajadores sancionados y solicitó dejar sin efecto inmediato la medida aplicada.
Entre los pedidos concretos, UNI Américas exigió que se refuercen los protocolos de seguridad en zonas de alto riesgo y que se promueva un clima laboral basado en el “respeto, diálogo y protección a la integridad del personal operativo”. La organización también recordó que la normativa vigente ampara los derechos de los empleados a solicitar medidas que resguarden su vida.
