El inicio de la revuelta de octubre de 2019 propicia, como respuesta institucional, gracias a la lucha en las calles de los movimientos sociales, de un inédito proceso constituyente, que marca un antes y un después en el proceso de la transición, la que parecía eternizarse más allá de la cuenta, y el inicio de un nuevo ciclo político en Chile.
Este nuevo ciclo trae aparejado el triunfo del Presidente Gabriel Boric, con lo cual se inaugura una nueva generación de políticos, que reemplaza a quizás el peor gobierno de la transición, como fue el de Sebastián Piñera, responsable de graves y masivas violaciones a los DDHH, las peores desde la dictadura cívico-militar.
En este marco, el papel fundamental que adquiere la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, como articulador de la mesa del sector público, vinculados a una amplia representación de organizaciones de base, sociales, culturales y la sociedad civil, asume una relevancia histórica como promotor socio político desde el mundo del trabajo.
De esta forma, el nuevo texto constitucional que la Convención se encuentra elaborando, permite avanzar y construir un cuerpo de artículos fundamentales, en la reconfiguración del poder y del carácter del Estado, en función de superar el modelo neoliberal, integrando claves esenciales como paridad, derechos sociales e inclusión.
En este contexto, el mundo sindical ha obtenido triunfos históricos, donde la Convención recogió planteamientos de las iniciativas de norma de la Central Unitaria de Trabajadores, la Internacional de Servicios Públicos y de ANEF en concreto.
Con esto se logra el reconocimiento expreso de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga tanto para el sector público como privado, con lo cual se terminaría una discriminación establecida en la actual constitución que prohíbe a las y los trabajadores públicos y sus organizaciones sindicales, ejercer sus derechos colectivos en los términos establecidos en los Convenios de la OIT 87, 98, 135 y 151, todos ratificados por Chile y plenamente vigente, cuya correcta aplicación hasta el momento es desconocida en la regulación nacional. Este articulado no sólo fortalece al movimiento sindical, sino que plantea un enorme desafío a futuro a fin, de que desde la ANEF y su rol socio político.
En consecuencia, estos avances históricos en la Convención, suponen la discusión desde el rol que históricamente ha tenido la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de un nuevo por un nuevo modelo de empleo público, con pleno reconocimiento a los principios de la función pública aprobados en el nuevo texto constitucional, con un enfoque de respeto irrestricto a los DDHH de las y los funcionarios públicos, paritario, plurinacional, con perspectiva de género, sustentable, entre otros ejes.
Donde a las y los trabajadores públicos se les garantice estabilidad laboral, una carrera funcionaria, el reconocimiento de su enorme aporte al desarrollo nacional como trabajadores del Estado y no del gobierno de turno, limitando el avance de lo lógica de privatización y jibarización de varios de sus servicios públicos como ha ocurrido en los últimos 40 años de políticas neoliberales.
A lo anterior cabe agregar que el nuevo texto constitucional reconoce la negociación ramal, sectorial y territorial, con lo cual se reconfigurará la limitada regulación de la negociación colectiva, como derecho y garantía constitucional, la cual, hoy, para el sector privado, se limita principalmente al sindicato de empresa. Siendo esta la única instancia en donde se permite la huelga legal regulada, en desmedro de otro tipo de organizaciones sindicales como los sindicatos interempresa.
A su vez, en especial la negociación ramal, significa otro cambio radical de paradigma, lo cual supone, no sólo una reforma total del actual Código del Trabajo, sino la instauración definitiva del Diálogo Social tripartito como mecanismo institucional para que los actores sociales, centrales de trabajadores y gremios empresariales, sumado al gobierno a través de su Ministerio del Trabajo y otros, comiencen un proceso de negociación, cuya regulación y reconocimiento normativo plantea otro gran desafío para el mundo del trabajo.
Con todo, la consagración del Derecho a la Seguridad Social, la Salud, el Trabajo Decente y la Vivienda Digna como derechos sociales garantizados, entre otros, en el nuevo texto constitucional, suponen el desafío desde los movimientos sociales y sindicales que propician este cambio de época, y que permitan que las conquistas que se han descrito vean la luz y sean defendidas en el plebiscito de salida del futuro 4 de septiembre, fecha emblemática para Chile, pues en ella se recuerda el triunfo en las urnas del Presidente Salvador Allende.
En efecto, ante este avance de las y los actores sociales en toda su diversidad, la derecha política, empresarial y mediática ha arremetido con todo su vigor a fin de desprestigiar el trabajo llevado a cabo por la Convención, plenamente conscientes de que este cambio de paradigma supondrá el inicio de un largo proceso que permitirá un tránsito desde el actual modelo neoliberal que privilegia una minoría, hacia la construcción colectiva de un nuevo modelo más solidario, plural, diverso, donde un nuevo Estado de bienestar se sitúe en el centro de la construcción de las políticas públicas e impulse el desarrollo a partir de una política estratégica.
En este proceso la ANEF estará en la primera línea de defensa de los movimientos sociales, sindicales y políticos, los que, haciendo a un lado sus diferencias, tienen la obligación ética de unirse para posibilitar que este proceso ocurra, pues otra oportunidad como ésta, quizás jamás la volvamos a tener.
