La Asociación de Trabajadores de Petróleo y Energía Antep, junto con otras organizaciones sociales de Ecuador, presentaron una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional (CC) contra el Acuerdo Ministerial 40. El acuerdo, emitido en noviembre de 2024 por la ministra de Energía y Minas encargada, Inés Manzano, establece la “excepcionalidad” para delegar la operación del campo Sacha (bloque 60) a empresas extranjeras, por lo que los trabajadores solicitaron una medida cautelar para detener el proceso hasta que la CC resuelva la acción.
David Almeida, dirigente de la Antep, argumentó que esta delegación incumple una sentencia previa de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucionales las reformas a la Ley de Hidrocarburos aprobadas en el gobierno de Guillermo Lasso. Según Almeida, el Ejecutivo estaría usando estas reformas para justificar la entrega del campo Sacha, una decisión que, según cálculos sindicales, podría representar una pérdida de más de 1.000 millones de dólares para el Estado en los próximos 20 años.
Los denunciantes también cuestionaron la idoneidad del consorcio que lidera la empresa estatal china Sinopec. Según Almeida, anteriormente el Estado rechazó entregar el bloque 16 a este mismo grupo por falta de capacidad financiera: “No entendemos cómo, si no tiene capacidad financiera para sostener una operación de 10.000 barriles de petróleo por día, hoy se le pretende entregar a dedo el principal campo petrolero del país, que produce 77.000 barriles diarios”.
Además, advirtió que algunas empresas del consorcio, como Petrolia y Amodaimi, no pertenecerían a Sinopec, lo que podría constituir un engaño.
El abogado Washington Andrade alertó sobre la posible inclusión de cláusulas de arbitraje internacional en el contrato de delegación, algo prohibido por la Constitución y ratificado en el referéndum de abril de 2024.
Tras presentar la acción de incumplimiento, los trabajadores se unieron a una marcha convocada por el Frente de Defensa Petrolera Ecuatoriana, que llegó hasta el Ministerio de Energía y Minas en Quito. El dirigente sindical reiteró que esta operación no beneficia al país y denunció haber sido despedido de Petroecuador como represalia por su oposición a la concesión del bloque 60.
