La Federación Minera del Perú confirmó el inicio de la jornada de lucha, el pasado 11 de diciembre, encarada por trabajadores de la productora de hierro, en rechazo a la ola de despidos arbitrarios registrados en los últimos meses.
Ante este escenario, la Dirección General de Trabajo (DGT) aprobó la realización de la huelga, después de evaluar y verificar el cumplimiento de requisitos, y convocó a las partes a una instancia de diálogo en busca de una solución satisfactoria.
Sin embargo, las directivas de la empresa instaron al Ministerio de Trabajo “a no impulsar conflictos laborales y sociales para su interés político; este debería actuar según la ley y esperar la decisión del Tribunal Constitucional”.
Los empleadores sostienen que el Ministerio de Trabajo no es el superior jerárquico de las regiones y que “no debe intentar destruir la ley de descentralización, perjudicando al Estado, la empresa y a los trabajadores”.
Por su parte, el comunicado difundido por la cartera laboral defiende el derecho a la huelga, reconocido constitucional e internacionalmente, como un camino para defender los intereses de los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales, siempre y cuando, se ejerza de manera pacífica y respetando otros derechos fundamentales.
