Ante la oleada de violencia que se vive en el municipio de Arcilla, donde un trabajador de la salud terminó lesionado y robaron dos vehículos de la salud, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Pública le pidió al Gobierno que cese con la militarización en esa zona y que le garantice protección a los trabajadores del sector.
“La violencia es sostenida y ha continuado hasta hoy con bloqueos de la ruta Curacautín – Victoria. Anoche una ambulancia fue interceptada por sujetos armados, quienes apuntaron con láser a los trabajadores. La ambulancia no pudo retirar al paciente, que iba a ser derivado al hospital de Victoria”, señaló la secretaria General de la organización, Gabriela Flores.
Ante los hechos que trascendieron, el pasado martes 2 de noviembre, las y los funcionarios de salud municipal iniciaron un paro de carácter indefinido en búsqueda de respuestas concretas por parte de las autoridades locales para continuar tranquilamente el desempeño de sus actividades.
La organización sindical acudió al Ministerio de Interior pidiendo garantías para proteger la salud de quienes están inmersos en el conflicto, con lo cual, reafirmó el compromiso por buscar alternativa para que la represión no sea la única salida a los conflictos sociales del país.
«La desidia de las autoridades de salud locales que ni siquiera habían implementado la mesa de seguridad de salud, instancia que está activa en gran parte del país y que como gremio exigimos junto con la aprobación de la Ley que condena la violencia contra las y los trabajadores de salud”, sostuvo Flores al final del comunicado difundido por las redes de la confederación.
