La CONFUSAM difundió un comunicado en el que se refiere a la controversia generada por la incorporación de un artículo en el Proyecto de Ley de Reajuste, vinculado al principio de Confianza Legítima en el empleo público. El debate se centra en la posibilidad de que trabajadoras y trabajadores con dos o más años continuos de servicio puedan recurrir a la Contraloría para reclamar por eventuales despidos por vicios de legalidad.
De acuerdo con el pronunciamiento, la encargada nacional de la Comisión Jurídica de CONFUSAM, Laura San Martín, explicó que el principio de Confianza Legítima surge a partir de dictámenes emitidos desde 2016 por la Contraloría, bajo la conducción del entonces contralor Jorge Bermúdez, los cuales establecieron que su aplicación corresponde a quienes registren al menos dos años continuos de contratos renovados.
Alcances del principio y rol de la Contraloría
El comunicado recuerda que, si bien los contratos a contrata en el sector público finalizan el 31 de diciembre, dichos dictámenes “avalaron que a quienes se les había renovado con anterioridad el contrato por un tiempo superior a dos años, pudiesen reclamar ante Contraloría por el despido, argumentando el principio de Confianza Legítima”. Sin embargo, esta interpretación se modificó tras la asunción de la actual contralora Dorothy Pérez, quien sostuvo que estos casos deben ser resueltos por los tribunales.
Desde CONFUSAM se subraya que la Confianza Legítima no constituye una “ley de amarre”. Al respecto, Laura San Martín afirmó que “no implica que no te puedan despedir, solo que se detallen las razones, mediante acto administrativo fundado, sustentado en criterios objetivos y acreditables”, y agregó: “estamos diciendo que si se va a prescindir de mis servicios y tengo más de dos años, por lo menos me digan por qué”.
El texto también señala que, una vez aprobado el Proyecto de Ley de Reajuste, las decisiones de no renovación o modificación contractual deberán ser remitidas a la Contraloría para su registro, permitiendo reclamos administrativos salvo que existan acciones judiciales en curso. Finalmente, el comunicado aclara que la norma no busca proteger a asesores de autoridades, ya que el propio proyecto establece que estos deberán presentar su renuncia voluntaria antes del 11 de marzo de 2026.
