Desde el 14 de abril, cuando el ministro Gilmar Mendes del Supremo Tribunal Federal (STF) suspendió todas las acciones judiciales relativas a la “pejotización”, sindicatos, asociaciones judiciales y entidades defensoras de los derechos laborales encendieron las alarmas ante lo que consideran un retroceso histórico en la garantía de derechos de los trabajadores.
La “pejotización” —término que refiere a la práctica de contratar a personas como si fueran empresas— podría ser avalada por el STF en los próximos meses. Ante esta posibilidad, la Central Única de los Trabajadores (CUT), la Asociación Nacional de Magistrados del Trabajo (Anamatra), la Asociación Nacional de Procuradores del Trabajo (ANPT) y la Asociación Brasileña de Abogados del Trabajo (Abrat) realizaron una movilización nacional en defensa de la Justicia del Trabajo y presentaron un manifiesto conjunto.
Estas organizaciones alertan que una decisión favorable a la pejotización irrestricta permitiría a las empresas sustituir contratos bajo la Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) por vínculos mercantiles, eliminando derechos como vacaciones, 13º salario, FGTS, jubilación, y reduciendo aportes a la Seguridad Social. El impacto no sería menor: solo en 2023, una investigación del Ministerio Público del Trabajo identificó más de 500 mil casos sospechosos de pejotización en empresas medianas y grandes.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la CUT, Valeir Ertle, sostuvo que “esta usurpación de jurisdicción termina por privar de derechos a los trabajadores, especialmente en relación con el fraude cometido en los contratos de PJ”, y subrayó que la competencia para juzgar este tipo de disputas pertenece a la Justicia del Trabajo según el artículo 114 de la Constitución brasileña.
Por su parte, el abogado Eymard Loguercio, asesor de la CUT, advirtió que una decisión que excluya a la Justicia Laboral de estos casos abre la puerta a “la protección de contratos fraudulentos disfrazados de acuerdos civiles o comerciales”. En su análisis, “el avance de estas prácticas podría dejar sin amparo a millones de trabajadores, migrando desde relaciones formales a vínculos precarios y sin derechos”.
El problema no solo se limita a lo laboral, sino que también afecta las cuentas públicas. Según estudios citados por la CUT y realizados por el Ipea y la Fundación Getulio Vargas (FGV), la pejotización ya provocó una pérdida de más de R$ 89 mil millones entre 2018 y 2023 en recaudación tributaria. Proyecciones a largo plazo estiman que, si se intensifica esta tendencia, el Estado dejaría de percibir alrededor de R$ 384 mil millones anuales, equivalentes al 16,6% de los ingresos federales de 2023.
Incluso la Procuraduría General de la Hacienda Nacional (PGFN) se pronunció en contra de la pejotización, advirtiendo al STF que su legalización podría generar “consecuencias perjudiciales” en el financiamiento de la Seguridad Social, afectando sobre todo a los trabajadores calificados con mayores ingresos, cuyas contribuciones son fundamentales para el sistema.
A pesar de que la suspensión fue decidida por un único ministro, será el Plenario del STF —compuesto por 11 jueces— el que deberá decidir en última instancia sobre el Recurso Extraordinario de Repercusión General n.º 1.389. Este caso examina si la contratación por fuera del régimen CLT puede considerarse legítima y si corresponde a la Justicia Civil, y no a la del Trabajo, determinar si hay fraude en tales acuerdos.
En ese contexto, la CUT y otras entidades se registraron como “amicus curiae”, lo que les permitirá defender sus argumentos ante el STF. “Nos encontramos ante una situación sin precedentes, en la que el destino de millones de trabajadores y del propio sistema de protección social está en juego”, remarcó la central sindical.
Mientras tanto, las organizaciones laborales brasileñas, con amplio respaldo de sectores judiciales y académicos, insisten en que cualquier decisión que reduzca derechos laborales o debilite a la Justicia del Trabajo implicará un profundo retroceso en materia de justicia social.
