Una delegación de alto nivel de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), compuesta por representantes sindicales europeos y latinoamericanos, visitó Panamá entre el 22 y el 24 de julio con un mensaje central: «Hacer sindicalismo no es un crimen».
La misión, encabezada por Ambet Yuson, secretario general de la ICM, y la eurodiputada francesa Marina Mesure, tuvo como propósito manifestar su preocupación por las «graves violaciones a los derechos sindicales» que, según la organización, enfrenta el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), uno de los gremios más importantes del país.
Durante su visita, la delegación internacional sostuvo reuniones con organizaciones sindicales, autoridades gubernamentales y organismos de derechos humanos. El foco de la preocupación se centró en lo que la ICM describe como un «creciente proceso de criminalización de la protesta y los intentos de disolución de organizaciones sindicales», con particular énfasis en la situación del SUNTRACS.
Las denuncias planteadas incluyeron el cierre de cuentas bancarias del sindicato, acciones legales para su disolución y la persecución penal contra sus principales dirigentes.
Ambet Yuson, en representación de la ICM, fue categórico en su declaración ante el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González: «Lo que está ocurriendo con el SUNTRACS es un ataque frontal al sindicalismo libre y democrático. No se puede tratar el derecho a organizarse como un delito. Hacer sindicalismo no es un crimen».
La misión también expuso ante la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, la solicitud pública de disolución del SUNTRACS, presentada por el Ejecutivo días antes de su llegada, calificando esta iniciativa como «una amenaza directa al derecho de asociación reconocido en la Constitución panameña y en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)».
Procesos judiciales contra sindicalistas
La preocupación internacional se extiende a casos específicos de dirigentes sindicales. Se destaca la situación de Genaro López y Jaime Caballero, quienes enfrentan procesos judiciales; López cumple arresto domiciliario con vigilancia electrónica, mientras Caballero permanece detenido en una prisión de máxima seguridad, medida calificada por los organismos sindicales como «desproporcionada y políticamente motivada».
Adicionalmente, Saúl Méndez Rodríguez, secretario general del SUNTRACS y presidente adjunto global de la ICM, obtuvo asilo político en Bolivia el 19 de julio, y Erasmo Cerrud, secretario de negociación del SUNTRACS, se encuentra en la Embajada de Nicaragua en Panamá, también solicitando asilo.
La misión, compuesta por representantes de Bélgica, Francia, Brasil, Perú y la propia ICM, además de ser acompañada por directivos del SUNTRACS, se propuso monitorear las condiciones de detención de los líderes sindicales, dialogar con instituciones estatales y abrir canales con otros actores sociales y políticos para buscar soluciones al conflicto.
La visita concluyó con un mensaje de solidaridad en un acto organizado por la Confederación Sindical de las Américas (CSA).
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Misión Internacional de la ICM en Panamá denuncia fuerte criminalización sindical y exige el fin de la persecución contra el SUNTRACS. «Hacer sindicalismo no es un crimen», afirman. Se alerta sobre la situación de líderes bajo procesos judiciales y la solicitud de disolución del sindicato. Solidaridad global con los #DerechosSindicales en #Panama. Detalles aquí: [Enlace a tu nota] #ICM #SUNTRACS #LibertadSindical #DerechosHumanos
