El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos SOMU y la Federación Sindical Marítima y Fluvial de Argentina FESIMAF presentaron un escrito ante la Organización Internacional del Trabajo OIT para alertar sobre un inminente decreto del gobierno argentino que, según advierten, apunta a desregular la Marina Mercante nacional sin respetar los mecanismos de consulta tripartita establecidos por los convenios internacionales.
La delegación sindical que llevó el reclamo a Ginebra estuvo integrada por Alejandro Vargas, secretario de Relaciones Laborales del SOMU, y Eduardo Baglietto, vicepresidente del Centro de Capitanes de Ultramar. Ambos reafirmaron “el compromiso con los derechos laborales y la defensa del trabajo argentino”, y exigieron al Estado argentino cumplir con los principios de participación efectiva de los actores sociales en las decisiones que afectan al sector.
Desde las organizaciones denunciantes advirtieron que el proyecto gubernamental ignora los canales de diálogo institucional previstos por la OIT. “Presentamos este documento para frenar un retroceso que amenaza no solo nuestros derechos como trabajadores, sino la soberanía económica del país”, expresaron a través de sus canales oficiales.
“El DNU, sin explicar cuál es la situación excepcional que impediría los cambios legislativos pretendidos al trámite ordinario de sanción de las Leyes […] autoriza a los armadores a inscribir sus buques en la matrícula de otros Países sin perder el privilegio del cabotaje nacional. Esta medida procura facilitar la fuga de los armadores hacia ‘banderas de conveniencia’», añade el documento «Principales ejes de agravio del Proyecto de DNU», firmado por los dirigentes que encabezan estos espacios.
Principales ejes de agravio del proyecto de DNU – sellos
El comunicado difundido por las entidades sindicales subrayó que “la lucha continúa en todos los frentes” y que no están dispuestos a “bajar los brazos” ante medidas que podrían afectar gravemente el empleo y la producción nacional en la actividad marítima.
«El actual proyecto de DNU le otorga a los armadores la potestad de fijar la dotación de explotación de sus buques, pudiendo prescindir de los lineamientos generales y pautas técnicas que pueda fijar la Autoridad para la conformación de la dotación de explotación, tornando las mismas no obligatorias», evidencia uno de los párrafos de la denuncia.
La OIT deberá ahora evaluar el contenido de la denuncia y eventualmente requerir al gobierno argentino explicaciones formales sobre el cumplimiento de los convenios internacionales en materia de diálogo social y consulta a trabajadores y empleadores.
