Dirigentes de tres espacios diferentes coinciden en que, la denuncia contra España responde a intereses políticos y empresariales.
Xosé Luis Rivera, integrante de la Confederación Intersindical Galega; la secretaria Internacional, Cooperación y Migraciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Cristina Faciaben Lacorte, y Jesús Gallego García, secretario de Relaciones Internacionales de la UGT, en diálogo con Latam Gremial, han expresado su postura respecto a la denuncia presentada por la patronal española contra el Gobierno español en la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, calificándola de estrategia política para debilitar al ejecutivo y castigarlo por su defensa del derecho de huelga.
Xosé Luis Rivera ha tildado la denuncia de «no caso», señalando que proviene de la patronal, por la cual no tendría motivos para quejarse de la falta de diálogo social en España. Sin embargo, critica el hecho de que el gobierno convoque solo a dos sindicatos y grandes patronales.
“Están aprovechando un momento de barullo político donde estamos en campaña electoral para las elecciones europeas, como no tiene mayoría el gobierno actual en el Parlamento, para la investidura fue necesario negociar con otros grupos políticos de los países del Estado español”, sostuvo.
Por su parte, Cristina Faciaben Lacorte, manifestó que “el caso de España es una estrategia de la parte empresarial del Grupo de los empleadores para castigar a España por el hecho de haber apoyado desde el primer momento que la huelga forma parte del Convenio 87 de libertad sindical”.
Además, calificó de “ridículo” el hecho de que se acuse a España de no cumplir el diálogo social. “Una cosa muy concreta, un convenio muy técnico como es el 144”, añadió la dirigente.
Exclusión de la lista corta por razones políticas
Respecto a la exclusión de España de la lista corta de la Comisión de Normas, Jesús Gallego García ha lamentado que la OIT no se ocupe de casos más graves de violación de derechos laborales en otros países. Coincide con los otros dos sindicalistas, en defender que la exclusión de España tiene motivaciones políticas y que busca castigar al gobierno por sus políticas progresistas.
Defensa del modelo sindical alternativo
Rivera explicó que actualmente UGT, Comisiones, ELAD del País Vasco y Confederación Intersindical Galega cumplen con lo que estipula la Ley Orgánica de Libertad Sindical y reprochó la institucionalización del pacto social y el diálogo social, en el que se incluyen solamente a las principales patronales.
En ese sentido, sostuvo que el sindicato ELA del País Vasco y su organización no son organizaciones “cómodas” para esa negociación, debido a que sostienen un modelo sindical distinto a los dos grandes sindicatos españoles. “Tenemos por lo tanto mayores exigencias a la hora de negociar, de hecho, nosotros utilizamos mucho un recurso que esperemos que por la discusión que estamos oyendo aquí no se nos quite que es la huelga”.
Apoyo al gobierno español
Faciaben ha reiterado el apoyo de UGT al gobierno español y ha exigido el archivo de la denuncia: “Tenemos la obligación en este caso de apoyar al Gobierno. Quiero aclarar una cosa, el Gobierno español ha venido incumpliendo el convenio 144 de manera reiterada desde toda la vida creo y nosotros, comisiones UGT, en cada memoria que presentamos, ponemos un párrafo, un comentario diciendo esto”.
En conjunto, los tres dirigentes sindicales han coincidido en que la denuncia contra España es infundada y responde a intereses políticos y empresariales. Han exigido a la OIT que actúe con imparcialidad y se centre en la defensa de los derechos laborales en todo el mundo.
Inserción de las cuestiones políticas internas de cada país en Comisión de Normas
Gallego García manifestó que “no deja de generar sorpresa”, que en el marco de los debates de la Comisión de Normas, todos los gobiernos que están en esta lista por casos menores, como el de Colombia o el de España, sean gobiernos de izquierda o gobiernos de “izquierdas progresistas”, y añadió: “han hecho enormes cambios para mejorar la vida de las personas trabajadoras y no deja también de sorprender que son gobiernos que apoyan incondicionalmente el derecho a la huelga de los trabajadores y las trabajadoras”.
El dirigente destacó una diferencia notoria en el tratamiento de las denuncias entre la Comisión de Expertos y la Comisión de Normas: “Creemos que la Comisión de Expertos ha leído las observaciones sindicales y ha visto que teníamos razón. El sabor agridulce sí que entra cuando entendemos que la Comisión de Normas debiera estar para casos mucho más mucho más importantes. Hay países donde no se respeta la libertad sindical, donde se prohíbe la negociación colectiva, donde todavía tenemos compañeros y compañeras a las que los matan por pedir mejores condiciones de vida, donde se limita el derecho a huelga”.
