La Organización Internacional del Trabajo, al inicio del día comenzó a debatir haciendo énfasis en los temas centrales del encuentro anual al que decidió estructurar bajo el concepto de la justicia social. La preocupación por el crecimiento del mercado de trabajo informal es una preocupación recurrente en los países presentes en Ginebra. ¿Qué sucede con la inestabilidad política y cómo afecta al mundo laboral tal cual lo conocíamos antes de la pandemia?
“Hay en curso cerca de 35 reformas estructurales, las que más se conocen son la reforma laboral, pensional y a la salud”, detalló Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia desde la Comisión de Aplicación de Normas. Acerca de las reformas que impulsa el gobierno de Gustavo Petro, el representante sindical detalla que la reforma de la salud beneficiaría a “50 millones de colombianos y colombianas donde la salud deja de ser un negocio para convertirse en un derecho fundamental”.
Sobre la reforma laboral, explicó que busca alcanzar que “todos los trabajadores que cumplan funciones permanentes tengan contrato de trabajo, que se acabe la intermediación laboral, que se acaben los contratos a término definido en corto plazo”. Sobre la reforma pensional, Colombia buscará “que los fondos privados vayan desapareciendo del escenario, que se fortalezca el régimen público” para tener una pensión “hasta que la muerte nos llegue y reducción de la pobreza a través de una pensión vitalicia a los adultos mayores”. Algo muy similar a lo que implementó la Argentina con el fin de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y la creación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
En el informe titulado “Promoción de la justicia social”, el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, destacó que solamente podrá alcanzarse un desarrollo del mundo laboral fomentando la equidad, la igualdad, el acceso a oportunidades de empleo, un grado de seguridad social, una vida digna y un Estado de derecho y acceso a la justicia que permitan garantizar las condiciones laborales.
Desde la Comisión de Transición Justa, que pone el foco en la sostenibilidad y el acceso a servicios públicos básicos para toda la sociedad trabajadora, la preocupación por la articulación entre los equipos técnicos de la OIT y los sistemas financieros mundiales que se ven en crecimiento será un tema de debate por la tarde. La inteligencia artificial como un componente de reestructuración del mundo laboral empieza a tener protagonismo en la planificación internacional acerca de cómo harán los Estados, junto a sectores empresariales y sindicatos para garantizar que los trabajadores y las trabajadoras continúen resguardados bajo la seguridad social en un nuevo mundo.
En el Debate Plenario, el Secretario General de la Unión Internacional Sindical de Trabajadores de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción (UITBB), Mijális Papanicolaou, destacó que “los sindicatos deben participar activamente” de la nueva configuración del mundo laboral para el siglo XXI. Para la OIT, garantizar los derechos humanos universales y capacidades es lo que genera igualdad de acceso a las oportunidades laborales, distribución equitativa y como resultado arroja transiciones justas.
¿Qué significa la transición justa para el mundo laboral?
El concepto de la transición justa no se vincula directamente con el resguardo medioambiental sino que engloba una nueva cosmovisión de cómo reinterpretar qué es el trabajo hoy y de qué manera puede funcionar un empleo para garantizar que eso ocurra en condiciones de dignidad, desde el cuidado de los bienes comunes como el agua hasta la seguridad de una pensión en la mayoría de edad. La perspectiva de género es recogida por varias delegaciones como un concepto central de disputa en el mundo laboral actual: según el informe presentado, la brecha de género continúa siendo del 20 por ciento en detraimiento de las mujeres.
“Los empleadores están obstaculizando el concepto que la financiación pública de la transición justa se puede y se debe hacer a través de un sistema tributario más progresista, que también tiene que incluir a la tasa sobre beneficios corporativos y una tasa de base para todas las empresas multinacionales”, destaca Daria Cibrario, responsable del sector de servicios locales y regionales de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) a nivel global.
Cibrario detalla que “la responsabilidad compartida justa” no puede ser entendida como tal: “no hay simetría entre los empleadores y los trabajadores. Cada uno tiene que tomar su parte de responsabilidad. En algunos países sigue el temor que se tienen que invertir mucha plata pública. Hay mucha plata pública pero se está desviando en todo lo que es finanzas, privatización, digitalización y no en la economía real y en los servicios públicos que son tan fundamentales para resolver esta crisis”.
Para Mundo Gremial y Latam Gremial, su director Juan Manuel Morena cubre el encuentro internacional desde Ginebra.
