El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares(SUNTRACS) denuncia la clausura de las cuentas bancarias del sindicato en la Caja de Ahorros, considerándola “una medida de carácter político, ilegal y delincuencial, según denunció el sindicato”.
En este sentido, alegaron que a pesar de las gestiones realizadas ante las autoridades, el cierre de las cuentas “ha sido llevado a cabo sin justificación alguna”, lo que ha llevado al SUNTRACS a recurrir a instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar esta grave violación de los derechos humanos y laborales.
El sindicato destaca que ni siquiera en tiempos de la dictadura se vivió una situación similar, y compara la medida con casos de corrupción notorios en el país.
Afirma que esta acción demuestra la falta de seguridad jurídica para los cuentahabientes de la Caja de Ahorros y cualquier banco local. Además, subraya que el cierre afecta no solo al SUNTRACS, sino también a la Cooperativa SUNTRACS R.L., impactando los fondos legales derivados de la cuota sindical y los ahorros de los trabajadores.
La medida, calificada como un atentado contra el sindicalismo y el cooperativismo en Panamá, busca impedir el funcionamiento normal de uno de los principales actores en la lucha del pueblo.
El SUNTRACS advierte sobre la posibilidad de que este precedente se aplique a otras organizaciones, sindicatos, gremios y entidades que no sean del agrado de los sectores de poder.
La Junta Directiva de la Caja de Ahorros y su gerencia, a cargo de Juan Melillo Uribe, son señaladas como responsables de una acción arbitraria contra la clase obrera.
El sindicato considera esta medida como una represalia por su lucha contra un contrato minero que violaba la Constitución y denuncia la persecución contra los luchadores sociales. Además, insta al pueblo a respaldar su causa, no descartando la posibilidad de una huelga nacional.
El SUNTRACS exige la reapertura inmediata de las cuentas cerradas y el cese de la persecución política y la violación de las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores.
