Un pronunciamiento reciente del docente panameño William Hughes alertó sobre la grave situación política y social que, según él, atraviesa el país. Hughes hizo un llamado a los abogados «que son respetuosos del Estado de Derecho para que se pronuncien» frente a lo que describe como una deriva autoritaria en la nación centroamericana.
«Estamos frente a un estado policiaco», afirmó Hughes, quien calificó al actual presidente de la República, José Raúl Molino, no como un mandatario, sino como «un dictador que controla el Ministerio Público, controla el Procurador General de la Nación, quien fue su abogado personal». El docente señaló la responsabilidad de la Asamblea Nacional por haber ratificado la designación de dicho procurador, con el conocimiento de que era una figura «sin independencia».
Hughes fue más allá al considerar al señor Molino un «usurpador de la presidencia», argumentando que, aunque legalmente ocupa el cargo, «jamás debió permitírsele ser candidato siquiera a la presidencia de la República».
Asimismo, atribuyó esta situación a «las fuerzas de poder económico y político de este país y de fuera de este país» que, según él, influyeron para que la Corte Suprema de Justicia emitiera un fallo «sumamente controversial» que declaró constitucional su candidatura en función de la paz del país, a pesar de reconocer que el problema había sido creado por el Tribunal Electoral.
Persecución al movimiento popular y allanamientos sindicales
El docente denunció que el gobierno de Molino inició una «persecución (…) contra el movimiento popular». Relató un incidente reciente en el que, mientras participaba en una reunión del Frente Amplio por la Democracia (FAT), la Policía Nacional y el Ministerio Público «allanaron las oficinas».
Según Hughes, los agentes, con «armas de alto calibre», apuntaron al abogado Antonio Vargas y retuvieron a algunos manifestantes, verificando sus antecedentes para permitirles salir del lugar. Indicó que, aunque intentaron ingresar a las oficinas del FAT, se les impidió al no ser el espacio del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) ni de su cooperativa.
Además, Hughes informó que el mismo día se allanaron las oficinas principales de SUNTRACS, un sindicato conocido por enfrentar a gobiernos que promueven medidas impopulares. El docente sostuvo que esta persecución se debe a la oposición del sindicato a la Ley 462, relacionada con pensiones y privatización de fondos y responsabilizó directamente al «señor Dinumón, al ministro Felipe Chapman, al ministro Boyga Lindo y a su hermano, a todos los miembros del gabinete de ser responsables de ejercer un estado policiaco en este país».
Advertencias sobre el futuro y llamados a la acción
Hughes advirtió que, si no se detiene la situación actual, «en el futuro va a ser peor», mencionando la imposición de proyectos mineros y la posibilidad de establecer bases militares en el país. Afirmó que el gobierno busca «acabar» con SUNTRACS porque tiene conocimiento de que el sindicato es capaz de enfrentar estas medidas arbitrarias, como lo ha hecho en el pasado.
