11 de diciembre de 2024. | Nº de edición: 1407

Organizaciones sindicales denuncian despidos tras la «Marcha Blanca» en El Salvador

La situación ha generado preocupación en organizaciones internacionales y sindicales, que temen un retroceso en las garantías laborales y democráticas en el país.

La Asociación General de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador (AGEPYM) y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) lanzaron una campaña para denunciar despidos en sectores de salud y educación tras la «Marcha Blanca», una movilización contra las políticas del gobierno de Nayib Bukele.

Entre los afectados figura Santos Ismael Argueta, quien asegura haber recibido una notificación verbal de despido días después de participar en la marcha del 19 de octubre. Según Argueta, las autoridades le informaron de la supresión de su plaza sin un debido proceso.

El presidente de AGEPYM y secretario general adjunto de la Regional Centroamérica de CLATE, Mario Montes, señaló que estos despidos tienen un trasfondo político. «Muchos de los que participaron en esa marcha fueron despedidos sin argumento una semana más tarde. Por eso hemos iniciado una campaña a nivel nacional e internacional para denunciar este atropello», declaró Montes al portal de esa organización.

Según el dirigente, estas acciones representan un patrón de persecución hacia líderes sindicales y trabajadores que expresan su descontento con las políticas del Ejecutivo.

La «Marcha Blanca» congregó a miles de personas el 19 de octubre para exigir mejoras en los sectores de salud y educación.

En ella se criticó la propuesta del Presupuesto General de la Nación para 2025, presentada por el Ministerio de Hacienda en septiembre, la cual, según AGEPYM, amenaza los derechos laborales de los trabajadores al eliminar escalafones salariales y suspender contratos colectivos. «No estamos de acuerdo con estas políticas que vulneran nuestros derechos», afirmó Montes en una conferencia de prensa.

La situación ha generado preocupación en organizaciones internacionales y sindicales, que temen un retroceso en las garantías laborales y democráticas en el país. Mientras tanto, los trabajadores afectados esperan que las denuncias generen presión para revertir las decisiones que consideran represalias por ejercer su derecho a la protesta.

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