La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha presentado un nuevo estudio titulado «Prevención y reducción del trabajo infantil en América Latina y el Caribe: Estrategias de retención, reinserción educativa, protección y reconversión laboral para adolescentes en edad de trabajar».
El informe, lanzado en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, explora cómo las desigualdades sociales afectan los itinerarios educativos de niños, niñas y adolescentes, aumentando su vulnerabilidad al trabajo infantil.
A través de la recopilación de buenas prácticas en la región, el informe propone una serie de recomendaciones para fortalecer dichos sistemas, garantizando que la educación sea accesible y efectiva en mantener a los menores fuera del mercado laboral. «Es crucial que se fortalezcan los mecanismos de retención escolar y que se promueva la continuidad educativa para romper el ciclo del trabajo infantil«, subrayó el estudio.
Según el documento, América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en la reducción del trabajo infantil, con una disminución de más del 50% entre 1998 y 2020. Sin embargo, también advierte que la pandemia de COVID-19 y las crisis económicas asociadas han revertido parte de este progreso, aumentando el riesgo de que más niños y adolescentes se vean obligados a trabajar.
La OIT estima que, en 2020, unos 8.2 millones de menores estaban involucrados en el trabajo infantil en la región.
El estudio también pone de relieve la necesidad de estrategias específicas para la reconversión laboral de adolescentes en edad permitida para trabajar, asegurando que los jóvenes que ingresen al mercado laboral lo hagan en condiciones justas y dignas. Esto incluye la protección contra el maltrato y la explotación, así como la promoción de oportunidades de empleo decente. «La reconversión laboral es clave para que los adolescentes puedan trabajar sin sacrificar su educación y su futuro», enfatiza la investigación.
Finalmente, la OIT y la Iniciativa Regional instan a los gobiernos de la región a redoblar sus esfuerzos en la implementación de políticas públicas que protejan a los menores del trabajo infantil y aseguren su derecho a la educación.
