Una misión internacional de solidaridad, convocada por la Confederación Sindical de las Américas (CSA), concluyó el 22 de julio de 2025 su fase de entrevistas en Panamá, reuniendo testimonios de 23 organizaciones. Estas incluyen sindicatos nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos, pueblos originarios, feminismos, intelectuales y partidos políticos, con el objetivo de obtener una «visión comprensiva de lo que está pasando en Panamá».
La delegación, encabezada por Marcelo Di Stefano, secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la CSA, manifestó su profunda preocupación por la situación que atraviesa el país, tras escuchar relatos sobre la represión al movimiento social y sindical.
Los delegados internacionales expresaron su condena a las acciones gubernamentales:
Enrique Bremer, coordinador de la Internacional de Servicios Públicos en Guatemala y vicepresidente de Contua, afirmó: «es lamentable lo que el gobierno está realizando, las acciones con las cuales están reprimiendo el movimiento social, el movimiento sindical, por lo que nosotros nos pronunciamos en contra de esto y tienen todo nuestro apoyo».
Jessica Leyes de la CTA Argentina describió los testimonios como «desgarradores», parte de un «entramado de querer disciplinar a la clase trabajadora cuando decide levantar la voz». Desde sus espacios, prometieron visibilizar lo que está sucediendo.
Hilda Montero, de la Internacional de la Educación y presidenta de ANDE Costa Rica, lamentó que «el diálogo social no ha permeado en estas latitudes», y repudió «las formas en que se han utilizado para reprimir la voz de muchas personas, trabajadores, especialmente del sector magisterial».
Por su parte, Martín Ford, secretario de Relaciones Internacionales de PIT-CNT de Uruguay, señaló que las experiencias compartidas confirmaron su presunción de que el gobierno panameño es «un gobierno autoritario, un gobierno que nosotros llamamos de facto». Destacó que «lo peor que le puede pasar a los derechos humanos, a los derechos sindicales, es encapsularlo».
Federico Dávila, vicepresidente de la Internacional de Servicios Públicos, contextualizó la situación panameña en un escenario global de «reordenamiento del mundo» y «discusión del poder entre el capital y el trabajo», viendo lo ocurrido en Panamá como «un modelo para aplicar en otros países de Latinoamérica».
Ramiro Vega, representante del sindicato UGT de España, expresó «una enorme preocupación» por los «ataques permanentes a la libertad sindical» que, a su juicio, ponen en riesgo «la democracia panameña».
La misión concluyó con un llamado unificado al gobierno panameño para que «deponga esta nefasta forma de querer reprimir la actividad social, la voz de los trabajadores». Los delegados reafirmaron su «máximo compromiso con los trabajadores y las trabajadoras de Panamá», reiterando la convicción de que «sin luchas no hay victorias» y la fe en que la unidad y la solidaridad sindical llevarán al triunfo de los derechos.
