La Comisión tomó nota de observaciones conjuntas de centrales nacionales —CONATO y CONUSI— y de organizaciones internacionales como la CSI, la CSA y la ICM, que denuncian “serias violaciones de los derechos del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y de sus dirigentes por parte de las autoridades públicas”, incluyendo alegatos de “criminalización de la actividad del sindicato, de detenciones de dirigentes y de asfixia económica de la organización”. Según el informe, estos hechos están siendo examinados por el Comité de Libertad Sindical en el marco del caso núm. 3456.
El informe señala que las comisiones tripartitas creadas por el acuerdo de Panamá de 2012 “no funcionan desde abril del 2020” debido a desacuerdos sobre criterios de representatividad, y lamenta “la ausencia de progreso en la reactivación de las comisiones tripartitas”. La Comisión “insta al Gobierno” a que, en consulta con los interlocutores sociales, adopte medidas para restablecer su funcionamiento, subrayando la importancia de estos espacios para la aplicación efectiva del Convenio sobre libertad sindical.
Libertad sindical y diálogo social: comisiones paralizadas y reformas pendientes
En materia legislativa, la Comisión reiteró observaciones formuladas desde hace varios años sobre disposiciones que limitan la constitución de organizaciones, restringen el derecho de huelga y establecen requisitos elevados para formar sindicatos, tanto en el sector privado como público. Además, lamentó que no se haya avanzado en la armonización normativa y recordó que “las garantías establecidas en el Convenio son aplicables a todos los trabajadores sin ninguna distinción, incluidos los empleados del Estado”.
Respecto a la aplicación práctica, el informe advierte que los períodos de resolución para el otorgamiento de personerías jurídicas “son excesivos”, señalando que en 12 de 20 solicitudes el tiempo transcurrido superó el año. También tomó nota de denuncias sindicales sobre rechazos y demoras que formarían parte de una política destinada a impedir la conformación de organizaciones, mientras que el Gobierno atribuyó las demoras a limitaciones administrativas y presupuestarias.
La Comisión de Expertos solicitó al Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas y recordó que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, en un contexto donde la situación de la libertad sindical y la falta de avances normativos siguen siendo objeto de seguimiento internacional.
