En mayo de 1944, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó la Declaración de Filadelfia, un documento que no solo reafirmó los objetivos fundamentales de la organización, sino que también amplió su misión para promover la justicia social y los derechos humanos en el ámbito laboral.
En 1946, la Conferencia Internacional del Trabajo decidió que la Declaración de Filadelfia debería ser considerada como una parte integral de la Constitución de la OIT, lo que refuerza su estatus y relevancia dentro del marco legal de la organización. Este año, celebramos el 80º aniversario de esta declaración histórica, una oportunidad para reflexionar sobre su impacto y vigencia.
Historia y Contexto
La Declaración de Filadelfia fue adoptada en la 26ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, celebrada en Filadelfia, Estados Unidos, el 10 de mayo de 1944, durante uno de los momentos más críticos de la historia moderna: la Segunda Guerra Mundial. En un mundo dividido y devastado por el conflicto, la comunidad internacional se enfrentaba a la necesidad urgente de establecer un marco para la reconstrucción y la promoción de la paz.
El contexto de la guerra subrayó la importancia de los derechos laborales y la justicia social como fundamentos para una paz duradera. La devastación económica y social provocada por la guerra dejó en claro que la estabilidad y el progreso no podían lograrse sin abordar las condiciones laborales y los derechos de las personas que trabajan. En este sentido, la Declaración de Filadelfia fue una respuesta visionaria y proactiva a los desafíos de la época.
La declaración, enmarcada ideológicamente en el “constitucionalismo social”, no solo reafirmó los principios fundacionales de la OIT establecidos en 1919, sino que también expandió su misión. Se reconoció que el trabajo no es una mercancía y que todos los seres humanos, sin distinción, tienen derecho a perseguir su bienestar material y espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y con igualdad de oportunidades.
El Trabajo No es una Mercancía
Uno de los hitos fundamentales establecidos en la Declaración de Filadelfia es la afirmación de que «el trabajo no es una mercancía». Esta declaración fue una respuesta clara y contundente a las condiciones laborales prevalentes en la época, donde los trabajadores eran tratados como meros instrumentos de producción, sin consideración por su bienestar o dignidad.
Este principio rechaza la idea de que el trabajo pueda ser equiparado a otros bienes económicos que se compran y venden en el mercado, y pone el énfasis en sostener que el trabajo es una actividad humana prioritaria, que debe ser valorada y respetada no solo por su contribución económica, sino también por su impacto en la vida y el desarrollo de las personas, así como su vinculación con la sociedad. Reconoce que los trabajadores son seres humanos con derechos, aspiraciones y dignidad intrínseca.
A nuestro entender, también es una reafirmación del rol sindical cuya misión fundamental es la reivindicación y lucha por un modelo económico centrado en las personas. El mensaje se proyecta más allá de la disputa entre el capital y el trabajo, y de un modelo económico determinado, poniéndole un límite a la persecución del lucro.
La Importancia de la Justicia Social
La Declaración de Filadelfia también subraya la importancia de la justicia social como un pilar esencial para la paz mundial. Define la justicia social como la búsqueda de un equilibrio equitativo entre las necesidades de los individuos y las necesidades de la comunidad, garantizando que todos los trabajadores tengan acceso a oportunidades justas y condiciones de trabajo dignas.
Es claro el mandato cuando se afirma en la Declaración que “la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro ´para la prosperidad en todas partes”. Una mirada universal y globalizada, anticipatoria sin lugar a duda, cuya versatilidad desde la perspectiva actual, incluye la lucha contra la discriminación, la promoción de la igualdad de género, y el apoyo a los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad.
Vigencia de los Principios Hoy
La vigencia de estos conceptos en el mundo actual es innegable. A medida que las economías globales continúan evolucionando (¿o involucionando?), y enfrentando desafíos como la automatización, robotización, incorporación de la Inteligencia Artificial, crecimiento de los “trabajos en plataforma”, entre muchas otras, y sus consecuencias actuales se manifiestan en un aumento del trabajo precario, desigualdad, pobreza, más crisis económicas cíclicas, la reafirmación de que el trabajo no es una mercancía y que la justicia social es un derecho fundamental se convierte en una guía esencial para la formulación de políticas que prioricen el bienestar de los trabajadores y la cohesión social.
La noción de que el trabajo no es una mercancía es clave en la era actual, caracterizada por la globalización y la digitalización. Estas fuerzas han transformado radicalmente el mercado laboral, creando nuevas oportunidades pero también profundizando las desigualdades. El trabajo precario, el empleo informal y la falta de seguridad laboral son problemas que afectan a millones de trabajadores en todo el mundo. La afirmación de que los trabajadores deben ser tratados con dignidad y no como simples instrumentos de producción sigue siendo una guía esencial para la implementación de políticas públicas progresistas.
La OIT pretendió realizar una actualización de la Declaración de Filadelfia en oportunidad de los debates de su centenario en 2019. Los documentos previos elaborados por una Comisión de Expertos, y los debates regionales tripartitos que sirvieron de insumo para su trabajo, parecían encaminarse a buenos resultados. No obstante, la miseria política de los gobiernos conservadores y la mayoría de los empleadores enmagreció los documentos al punto de aprobarse una “Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo” que se quedó a mitad de camino, sin definiciones profundas, aunque rescatamos de ella el concepto de que las políticas deben centrarse en las personas, y entendemos que desde allí hay que construir un nuevo humanismo en el campo laboral.
La justicia social, tal como se establece en la Declaración de Filadelfia, sigue siendo un objetivo fundamental en un mundo donde las desigualdades económicas y sociales están aumentando. La justicia social no es solo un imperativo ético, sino también una condición para la estabilidad económica y la paz social.
La fase actual del capitalismo es quizás la más voraz de las conocidas hasta el momento, aunque la angurria del afán de lucro sin límite que la caracteriza, siempre nos puede deparar un futuro aún más desigual y miserable que el actual. El poder financiero y sus voceros en la política, que en los años 90 se definían como neoliberales, y hoy extreman su agenda reaccionaria bajo la denominación de libertarios, desprecian a la justicia social, presionan para desmantelar la red de protección que impuso el movimiento del constitucionalismo social, recortan los servicios públicos, y debilitan las funciones redistributivas de los Estados.
Solo un sindicalismo fortalecido y unido, autorreformado resignificado para llegar con su mensaje a las nuevas generaciones, y en alianza con el conjunto del movimiento social, que además tenga la capacidad de ser parte en la construcción de herramientas electorales exitosas, puede ser capaz de mantener en alto los valores fundacionales de la Declaración de Filadelfia.
