El Gobierno de Bolivia reconoció haber distribuido gasolina de mala calidad, luego de que análisis posteriores detectaran la presencia de residuos como magnesio y goma en los tanques de almacenamiento. La admisión oficial se produjo tras denuncias de conductores que reportaron fallas mecánicas en sus vehículos.
Inicialmente, las autoridades habían asegurado que el combustible importado y producido en el país cumplía con los estándares técnicos. Sin embargo, estudios complementarios identificaron componentes que no forman parte de los controles habituales, lo que llevó al Ejecutivo a admitir irregularidades en el suministro.
Ante esta situación, federaciones y sindicatos del transporte realizaron protestas y movilizaciones, incluyendo el cierre de oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en algunas ciudades. Los transportistas sostienen que los daños ocasionados por el uso del combustible afectado implicaron gastos elevados en reparaciones.
Según estimaciones del sector, los costos podrían oscilar entre 715 y 6.500 dólares, dependiendo del tipo de avería registrada en los motores. Las organizaciones exigen un mecanismo claro y transparente de compensación económicaque cubra los perjuicios sufridos.
Además, se anunció la conformación de una comisión investigadora parlamentaria para determinar responsabilidades y revisar los controles en la cadena de suministro. La situación se da en un contexto de tensiones por el abastecimiento y la calidad de los combustibles, que ha generado reclamos al Ejecutivo y mayor presión desde el sector transportista.
