En el marco de la reuniones de primavera entre el Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial, que se realizarán en Washington del 15 al 20 de abril, la Confederación Sindical Internacional aboga por la promoción de un «Nuevo Contrato Social» que garantice a los trabajadores y trabajadoras empleos decentes y respetuosos con el clima, derechos para todos, salarios mínimos vitales, protección social universal, igualdad e inclusión.
«Las Instituciones Financieras Internacionales tienen el potencial de desempeñar un papel constructivo en la lucha por la democracia a escala mundial, priorizando los derechos humanos, un sistema financiero mundial justo basado en un Nuevo Contrato Social, la cooperación equitativa entre naciones y una seguridad común y pacífica», sentenció el comunicado difundido por el espacio.
El secretario general de la CSI, Luc Triangle sostuvo que la democracia comienza en el lugar de trabajo, garantizando los derechos sindicales fundamentales, sin embargo, estos principios pueden ser socavados en los niveles más altos de la gobernanza internacional, cuando se imponen la austeridad y la política neoliberal.
Dicho pronunciamiento solicita reformas democráticas en sus estructuras para abordar eficazmente las crecientes crisis de países agobiados por deudas impagables, la emergencia climática y la actual economía global precaria.
En un año que es considerado como «decisivo» para la legitimidad democrática de la gobernanza mundial, según la confederación, la Agrupación Global Unions publicó una declaración reclamando una reforma de las IFI que incluya:
- Un cambio en las políticas que deterioran la calidad del empleo para enfrentar las grandes transformaciones como el cambio climático y la transición digital. Sin reformas, advierte la declaración, «estas transformaciones dividirán aún más el mundo entre quienes se benefician de las nuevas tecnologías y una mayor productividad y quienes ven sus medios de vida destruidos sin alternativas ni esperanza en el futuro».
- La resolución y alivio de la creciente crisis de endeudamiento. Los trabajadores y trabajadoras siguen sufriendo las consecuencias de la incapacidad de resolver esta crisis del sistema financiero internacional, que obliga a los países a imponer medidas de austeridad, incluidos recortes del gasto social y privatizaciones, a cambio de préstamos de rescate. La declaración califica la política actual como un «enfoque punitivo que amenaza con una década perdida, además de poner en riesgo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la legitimidad democrática del financiamiento del desarrollo».
