El pasado 1° de Mayo se dio a conocer la destitución injustificada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República de El Salvador, ante este hecho que pone en crisis la democracia del país centroamericano, la CSA y la CSI se pronunció destacando cinco puntos.
Desde las organizaciones resaltaron que la decisión de la Asamblea Legislativa, afín al presidente Nayib Bukele, representa un ataque directo a la Constitución y a la independencia del Poder Judicial, ya que es tarea del Estado garantizar la separación de poderes y rechazar todo ataque a la democracia.
En el segundo punto señalan un posible desencadenamiento de desprotección de los derechos constitucionales: “Esta decisión representa un retroceso notorio en la consolidación del Estado de Derecho y constituye un ataque al proceso de democratización alcanzado luego del conflicto armado, así como al espíritu transformador de los Acuerdos de Paz”.
La CSA y la CSI fueron enfáticos en exhortar al Gobierno y a la Asamblea a que restablezcan de inmediato el orden constitucional alterado, piden que se mantenga la separación de cada órgano del Estado, como indica la democracia, en miras a asegurar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Finalmente, la misiva destaca la importancia de que se cumplan los respectivos Acuerdos de Paz, el máximo respeto a la independencia judicial y muestra su apoyo a las mayorías: “Reconociendo la soberanía de cada Estado, nos mantendremos vigilantes y en apoyo al proceso de recuperación y fortalecimiento de la democracia en El Salvador”.
