La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas CSA condenó enérgicamente la represión ejercida contra la movilización sindical en Panamá el pasado 21 de marzo, en el marco de la protesta contra la Ley 462, que reforma la Caja del Seguro Social.
Esta organización, que representa a más de 55 millones de trabajadores en el continente, denunció que la violencia estatal se ha convertido en una práctica sistemática para frenar el descontento social ante políticas que favorecen al gran capital.
Desde el año pasado, el movimiento sindical ha manifestado su oposición a la Ley 462, aprobada por el parlamento con respaldo del presidente José Raúl Mulino, sin tomar en cuenta las observaciones de los gremios. La situación se agravó durante la huelga nacional de 24 horas convocada por los sindicatos, especialmente del sector magisterial, donde se registraron ataques a docentes, varios heridos y la detención arbitraria de Alberto Díaz, secretario general del sindicato docente ASOMOGRERP.
“La presión sindical y social logró su liberación el 25 de marzo, pero la represión no puede seguir siendo la respuesta a la protesta legítima”, señaló la CSA en un comunicado.
El espacio sindical advirtió que el gobierno panameño ha recurrido a la criminalización de la protesta para contener la resistencia contra la privatización de la seguridad social. “Expresamos nuestro absoluto apoyo a las centrales panameñas que rechazan esta reforma, que representa un nuevo golpe a los derechos del pueblo panameño”, indicó la CSA, quien también confirmó que el movimiento sindical continuará su lucha para frenar estos intentos de desmantelamiento de la protección social.
En respuesta a estos hechos, la CSA anunció que llevará a cabo un plan de acción regional y global contra las violaciones a la libertad sindical y la criminalización de la protesta. La estrategia incluirá denuncias formales ante la Organización Internacional del Trabajo OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, además de una intensa campaña internacional respaldada por organismos de derechos humanos y el movimiento sindical mundial.
