En una entrevista reciente con el medio de comunicación El Mostrador, José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), se refirió a la situación en el Senado y las denuncias contra su secretario general, Raúl Guzmán. En un tono claro y directo, Pérez afirmó que “llegó la hora de que el secretario del Senado dé un paso al costado”, haciendo referencia a una serie de acusaciones de abusos laborales y despidos arbitrarios que, según él, no pueden quedar impunes.
El contexto de esta dura declaración está enmarcado en el reciente fallo de la Corte Suprema que ordenó la reincorporación del fiscal de la Corporación, Javier Norero, tras ser despedido de manera irregular. Según el fallo, el despido no cumplió con los estándares exigibles, lo que, para Pérez, refuerza la «confianza legítima» que deben tener los trabajadores públicos en la estabilidad de sus empleos.
La confianza legítima como derecho
Pérez destacó la importancia del fallo en favor de Norero, calificándolo de «potente y unánime». Para el líder sindical, este fallo fortalece una conquista sindical que ya en 2017 se había reconocido como un principio en las negociaciones públicas, la «confianza legítima». Esta confianza se refiere a la seguridad que los funcionarios públicos tienen respecto a la renovación de sus contratos, una práctica que, en palabras de Pérez, “da tranquilidad a los trabajadores sobre la estabilidad del empleo”.
“La desvinculación de Norero buscaba ocultar malas prácticas laborales”, afirmó Pérez, criticando la actitud del secretario general del Senado, quien, según el sindicalista, maneja la institución como si fuera su propio feudo. La sentencia de la Corte no solo ordena su reincorporación, sino que, para Pérez, establece un precedente importante sobre el respeto de los derechos laborales en el ámbito público, especialmente en instituciones tan relevantes como el Senado.
Denuncias y falta de transparencia
Durante la entrevista, Pérez también se refirió a la falta de transparencia en la Comisión de Régimen Interior del Senado, organismo que, según sus palabras, ha mostrado un comportamiento «feudal y abusivo». Pérez indicó que “estas denuncias no pueden quedar en la opacidad, tienen que responderse de forma transparente”. A su juicio, la negativa de la comisión a recibir las denuncias del fiscal Norero y otros trabajadores refleja una suerte de «ostracismo» que debe ser abordado.
El líder de la ANEF señaló que su organización ha solicitado una reunión con la Comisión de Régimen Interior, aunque hasta el momento solo han recibido respuesta del presidente y vicepresidente del Senado. Pérez adelantó que plantearán temas relacionados con los despidos arbitrarios, la persecución a trabajadores y la discrecionalidad con la que se han tomado decisiones que afectan directamente los derechos fundamentales de los funcionarios del Senado.
Un llamado a la acción
Pérez no dejó dudas sobre su postura: para él, la figura de Raúl Guzmán ha sido perjudicial para el Senado, los trabajadores públicos y el país en general. “Si los senadores están mirando hacia el lado, es bueno que se lo digamos, y que ellos reaccionen”, afirmó, enfatizando que la ANEF no dejará de actuar mientras esta situación no cambie.
El líder sindical también expresó su preocupación por la falta de acción por parte de la Comisión de Régimen Interior del Senado frente a estos actos administrativos ilegales, calificando su omisión como “grave” y un atentado contra la paz social y la democracia. “Toda omisión que tenga relación con postergar y no reconocer los derechos de las personas es peligrosa”, subrayó.
Denuncias ante la OIT
La situación ha escalado tanto que la ANEF ha presentado una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denunciando las prácticas abusivas dentro del Senado. Según Pérez, la demanda tiene como objetivo garantizar que se respeten los derechos sindicales, no solo en el Senado, sino en todos los organismos públicos. “Llegó la hora de que el secretario general del Senado dé un paso al costado”, insistió, apuntando que, de no hacerlo, las autoridades políticas del Senado deberán pronunciarse sobre su complicidad en la vulneración de derechos laborales.
Para José Pérez Debelli y la ANEF, la batalla por los derechos laborales en el Senado está lejos de terminar. «No vamos a ser cómplices de abuso hacia los trabajadores», concluyó con firmeza, dejando claro que las acciones de su organización continuarán hasta que se logren los cambios necesarios.
