Desde que la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó de forma definitiva la vacuna de Pfizer-BioNTech, avanza en el sector público y privado la exigencia a los trabajadores de estar vacunados o la frecuencia en qué deben realizarse los test.
El pasado 9 de septiembre, el presidente Joe Biden dictó una orden ejecutiva que obliga a los empleados del poder Ejecutivo, incluida la Casa Blanca y todas las agencias federales. En total, 2,1 millones de trabajadores civiles.
Los trabajadores federales y contratistas tendrían 75 días de plazo para vacunarse y, si se niegan, entrarán en un proceso de “progresivas acciones disciplinarias”, según ha explicado Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca. El mandato contempla excepciones para las personas que no quieren recibir el tratamiento por motivos religiosos.
A su vez, el Departamento del Trabajo dictará una nueva normativa de emergencia que obligue a los empleadores de compañías con más de un centenar de trabajadores a que estos sean vacunados o sometidos a test semanalmente. Con esta última medida se afectará a 80 millones de trabajadores.
Everett Kelley, presidente de la federación sindical de trabajadores federales más grande del país (AFGE, por sus siglas en inglés) se refirió a la medida en un comunicado: “Esperamos negociar este cambio antes de la implementación, e instamos a todos los que puedan vacunarse a que lo hagan tan pronto como puedan”.
El presidente Biden advirtió que la paciencia se le “está agotando” con el 25% de los estadounidenses que no se quiere inocular. “¿Qué más necesitas ver? Las vacunas son seguras, efectivas y gratuitas”, apuntó el demócrata.
Vacunarse “no se trata de libertad o de una elección personal. Se trata de protegerte a ti mismo y a quienes te rodean”, sostuvo el mandatario durante una comparecencia en la Casa Blanca.
