La Internacional de Servicios Públicos ISP emitió una declaración en Bogotá, el pasado 12 de noviembre de 2024, en la que criticó un reciente dictamen de la Contraloría de Colombia. Según el espacio, la medida, emitida por la Contralora Dorothy Pérez Gutiérrez, limita a los trabajadores públicos despedidos la posibilidad de recurrir a la justicia en casos de despidos arbitrarios, exigiendo una antigüedad de cinco años para acceder a los tribunales.
La internacional consideró esta medida «perjudicial y restrictiva» y acusó a la Contraloría de retroceder en derechos laborales al restringir las vías de reclamo para los empleados públicos.
En el comunicado, la ISP también destacó los desafíos enfrentados por los trabajadores en Chile, país en donde los costos de justicia elevan las barreras para los trabajadores de menores ingresos. La organización mencionó que la ley chilena exige que el 80% de los empleados públicos tenga contratos indefinidos, y evidenció que esta norma afecta la estabilidad laboral de los trabajadores temporales.
En ese sentido, la organización con impacto regional, enfatizó la necesidad de avanzar hacia una «carrera funcional real» que incluya reglas de contratación, estabilidad y ascenso en el servicio público, de modo que todos los empleados permanentes sean considerados esenciales. «Es imprescindible que aquellos trabajadores que cumplen funciones permanentes no sean considerados como personal temporal», señaló la organización.
Además, la internacional solicitó a las autoridades políticas de Chile que implementen soluciones que protejan los derechos de todos los empleados públicos, sin distinciones entre funcionarios de planta y contratados.
👏Declaración de Bogotá: Organizaciones sindicales de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) critican cambio de criterio de la Contraloría General de la República sobre el principio de «confianza legítima».#ISP #Contraloría #ANEF #ConfianzaLegitima pic.twitter.com/sQPP1Ctlpo
— ANEF (@anefchile) November 13, 2024
