Desde la Internacional de Servicios Públicos señalaron que la privatización de la petrolera implicaría una pérdida económica importante, teniendo en cuenta que es la empresa más grande y rentable del continente, y que además podría provocar una ocurrencia de apagones.
Según la organización sindical, la aprobación del pedido de privatización por parte del poder legislativo implicaría la pérdida de la soberanía nacional sobre un sector estratégico como los es actualmente el energético, y podría generar impactos para la población más pobre y, también, para el medio ambiente.
“Allí el Estado controla, el Estado regula el agua y los recursos naturales, y aquí es al revés. Corresponde al Estado dirigir este activo [electricidad] y administrar el servicio para que todos tengan este derecho, para que no se sientan cómodos, ya merced de varios sectores privados”, dijo Paulo Torso, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Urbanos CNU a la internacional.
La información revelada por la ISP indicó que desde 2000 se han registrado 835 casos de municipalización o renacionalización de servicios públicos en el mundo, y 311 en el sector energético. También se evidenció un retroceso en las ciudades porque “la privatización o las alianzas público-privadas (APP) conllevan tarifas muy altas, no cumplen las promesas hechas inicialmente y operan con falta de transparencia”.
Con la aprobación de la Medida Provisional en el Pleno de la Cámara de Diputados, el pasado 19 de mayo, la media paso al Senado con pedidos de modificación al texto que eminentemente lo devolvió para definir la aprobación del proyecto con plazo hasta el 22 de junio.
